El Gobierno de Honduras reconoció de forma implícita una severa crisis de liquidez al emitir el Decreto Ejecutivo PCM 38-2025, mediante el cual ordena a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) reintegrar a la Cuenta Única de la Tesorería (CUT) todos los saldos no utilizados que mantienen las instituciones públicas, con el fin de cubrir obligaciones urgentes del Estado.
La medida, publicada en La Gaceta, busca recentralizar los recursos financieros ante un faltante que supera los 20 mil millones de lempiras, producto de embargos judiciales, préstamos bloqueados en el Congreso, rescates financieros y atrasos en transferencias municipales.
El decreto detalla un conjunto de presiones acumuladas que redujeron drásticamente el espacio fiscal: Embargos judiciales: más de L4,000 millones ejecutados directamente contra la CUT, préstamos bloqueados 8,197 millones de lempiras en apoyo presupuestario no aprobados por el Congreso Nacional, rescate de la ENEE, más de L6,700 millones destinados a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
Transferencias incumplidas: 431 millones que la Empresa Nacional Portuaria dejó de aportar. Atrasos municipales, más de L2,500 millones pendientes de transferencias.
Emergencias climáticas y crisis migratoria, que generaron gastos extraordinarios no cuantificados.
SEFIN queda facultada para “vaciar” cuentas bancarias, subcuentas y libretas de entidades del sector público no financiero, siempre que los fondos no estén comprometidos en obligaciones legales o contractuales.
Los recursos recuperados serán destinados prioritariamente a: infraestructura vial estratégica, construcción, ampliación y equipamiento de hospitales, compra de medicamentos e insumos médicos esenciales.
El Ejecutivo argumenta que la medida es temporal, necesaria y legal, orientada a optimizar recursos ya existentes sin recurrir a nuevo endeudamiento.
Expertos en economía y finanzas advierten que los fondos recuperados se usarán principalmente para pagar deuda flotante, que ya supera los 24,000 millones de lempiras, el doble del promedio registrado entre 2019 y 2021.
Liliam Rivera, directora de Gobernanza Económica de la ASJ, señaló que el decreto refleja improvisación y falta de transparencia en el manejo de las finanzas públicas.
Criticó que durante el año se priorizaron gastos clientelares —como aumentos salariales, transferencias discrecionales, mayor gasto militar y publicidad oficial— en detrimento de salud y educación.
Advirtió que la medida compromete a la próxima administración y debilita la confianza en el Estado.
La ASJ llamó al Gobierno a actuar con disciplina fiscal, legalidad y transparencia durante la transición, evitando nuevos compromisos sin respaldo financiero y garantizando un cierre de gestión ordenado.
Centralización y señal política
El PCM 38-2025 refuerza el poder de SEFIN sobre el flujo de caja del Estado, reduciendo la autonomía financiera de las instituciones públicas. Además, obliga a publicar los montos reintegrados y el avance de los proyectos financiados, bajo advertencia de sanciones administrativas, civiles y penales.
Analistas coinciden en que, más allá de su carácter técnico, el decreto envía un mensaje político claro: el Estado no tiene liquidez suficiente y se ve forzado a reordenar internamente sus recursos para cumplir compromisos básicos.
En los hechos, la Tesorería Nacional opera al límite y el margen fiscal del Gobierno se ha reducido a una administración de emergencia.
