El presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, afirmó que la institución está lista para recibir los recursos de apelación e impugnaciones de los candidatos que se consideran afectados por la declaratoria oficial de los resultados de las elecciones generales 2025 emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Flores Urrutia subrayó que el TJE siempre ha estado preparado para atender este tipo de recursos, aunque reconoció las limitaciones presupuestarias que enfrenta el organismo.
“Hago un llamado a la sociedad civil, a la iglesia evangélica, a la confraternidad evangélica de Honduras, a la empresa privada, universidades, en fin, a la sociedad civil porque en este caso específico, la Secretaría de Finanzas en tiempo y forma nunca, nunca nos trasladó los fondos para estar preparado con el recurso humano y recibir todos los recursos de apelación”, expresó.
Llamado a la sociedad civil e internacional
El titular del TJE indicó que, ante la falta de recursos humanos, será necesario convocar a la sociedad civil para conformar las juntas de recuento jurisdiccional y garantizar que los procesos se desarrollen en tiempo y forma.
Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional y a los medios de comunicación para que acompañen y observen los eventuales recuentos, asegurando que estos serán públicos y transparentes. “La sociedad civil va a ser testigo de la transparencia que el Tribunal de Justicia Electoral va a estar en estos recursos y en estos recuentos”, añadió.
Queja por falta de presupuesto
Flores Urrutia denunció que la Secretaría de Finanzas no realizó las transferencias necesarias debido a la falta de aprobación del presupuesto en el Congreso Nacional. “Prácticamente, así nos tiene y hasta el día de hoy así nos tiene la Secretaría de Finanzas. No nos pudo hacer las transferencias a raíz de la negativa de la aprobación del presupuesto porque la presidencia del Congreso Nacional nunca le dio trámite”, lamentó.
El pronunciamiento del TJE se da en un ambiente de tensión postelectoral, donde diversos actores políticos han anunciado la presentación de recursos de apelación e impugnaciones. La institución se perfila como clave en la resolución de controversias y en la garantía de transparencia del proceso democrático hondureño.
