El diputado, Luis Redondo, condenó este jueves el ataque que sufrió la diputada Gladys Aurora López, herida tras la explosión de un artefacto en los bajos del Legislativo. Sin embargo, la condena llega marcada por una evidente contradicción: fue el propio Redondo quien convocó a los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre) para que se presentaran en el Congreso, pese a que su participación en manifestaciones ha estado históricamente asociada a episodios de confrontación.
El incidente ocurrió en medio de una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente, mientras diputados de oposición se encontraban reunidos en las afueras del Congreso.
Según reportes preliminares, el artefacto habría sido lanzado desde el estacionamiento del edificio, impactando en la espalda y parte trasera de la cabeza de la legisladora.
Aunque Redondo calificó el hecho como un acto de violencia y ordenó revisar cámaras internas y registros del sistema 911 para identificar a los responsables, su postura resulta cuestionable: ¿cómo puede condenar un ataque cuando previamente alentó la presencia de grupos cuya participación suele derivar en choques y disturbios?
La situación refleja el doble discurso político que impera en la conducción del Congreso Nacional. Por un lado, se condena la violencia; por otro, se fomenta un ambiente que la propicia.
Esta contradicción no solo pone en riesgo la integridad de los legisladores, sino que erosiona aún más la confianza ciudadana en las instituciones.
El ataque contra la diputada López es un recordatorio de que la política hondureña atraviesa una peligrosa espiral de polarización, donde las convocatorias partidarias se convierten en detonantes de violencia y la institucionalidad queda atrapada entre discursos y hechos que no coinciden.
