El asesinato este domingo de ocho agentes de la Policía Nacional Civil, atribuido a presuntos pandilleros, junto con amotinamientos en tres cárceles de Guatemala, ha reabierto la confrontación entre el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León y los cabecillas de las estructuras criminales.
La escalada de violencia obligó al mandatario a declarar estado de sitio por 30 días, una medida excepcional que faculta a las autoridades a detener a cualquier persona sin orden judicial, en un intento por contener la crisis de seguridad.
El origen del conflicto
La pugna entre las pandillas y el Gobierno se intensificó en julio pasado, tras el asesinato de siete personas en una funeraria de la capital durante el velorio de un presunto miembro de la Mara Salvatrucha.
El ataque, atribuido a sicarios de la pandilla rival Barrio 18, llevó al Ejecutivo a ordenar el traslado de sus líderes a la cárcel de máxima seguridad “Renovación I”, al considerar que la matanza fue organizada desde prisión.
El fin de los privilegios en prisión
El traslado significó el cese de comodidades para los cabecillas, entre ellos Aldo Ochoa, alias El Lobo, líder de Barrio 18 condenado a más de 80 años de cárcel. Según el Ministerio de Gobernación, la falta de acceso a lujos como aire acondicionado, comida a domicilio y camas grandes motivó uno de los motines registrados este fin de semana en “Renovación I”.
Expertos señalan que los ataques buscan generar caos en un año decisivo para la justicia guatemalteca, ya que en mayo se reemplazará a la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea. Los reos amotinados incluso han llamado a la población a sublevarse contra Arévalo, mientras operadores políticos sancionados por Washington han secundado esas voces.
El presidente aseguró que “se sabe quiénes están detrás” de los ataques: “Grupos que se benefician de la corrupción que crecen en las sombras, que resisten y buscan infundir terror porque este año Guatemala recuperará su sistema de justicia”.
La reacción del Gobierno
El estado de sitio decretado es el penúltimo nivel de emergencia contemplado por la Constitución, solo por debajo del estado de guerra. Durante los próximos 30 días, permitirá capturas sin orden judicial contra sospechosos de terrorismo o sedición, mientras la administración de Arévalo define nuevas acciones para perseguir a los responsables del asesinato de los policías.
