La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, respondió con firmeza al oficio remitido por el diputado saliente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien exigía la definición de un cronograma para ejecutar el Decreto No. 58-2025, normativa que ordena un nuevo escrutinio total de votos.
Hall recordó que el CNE es un “órgano constitucional autónomo e independiente, sin subordinación a ningún Poder del Estado” y subrayó que la declaratoria oficial de elecciones ya fue emitida en estricto cumplimiento de la Constitución y la Ley Electoral. Con ello, dejó claro que el Consejo agotó su competencia administrativa en materia de conteo y escrutinio, cerrando cualquier posibilidad de reabrir procesos ya concluidos.
La funcionaria fue categórica al señalar que las instrucciones legislativas que pretendan incidir sobre “actos electorales firmes” carecen de sustento jurídico.
Además, advirtió que el Decreto 58-2025 presenta un vicio constitucional insubsanable, pues equivale a una reforma de la Ley Electoral sin haber sido aprobado con la mayoría calificada de dos tercios que exige la Carta Magna.
Esa irregularidad lo convierte en un acto de “nulidad de pleno derecho”, imposible de ejecutar sin violentar el orden constitucional.
El intento de Redondo, a pocas horas de dejar el cargo, refleja una maniobra desesperada para presionar al órgano electoral y forzar la aplicación de un decreto que nació sin legitimidad.
La insistencia en imponer plazos y cronogramas sobre un proceso ya concluido no solo carece de base legal, sino que evidencia un choque institucional que erosiona la confianza ciudadana en el sistema democrático.
La respuesta del CNE marca un precedente: las elecciones ya fueron declaradas y cualquier cuestionamiento debe canalizarse por las vías jurisdiccionales previstas en la ley, no mediante presiones políticas ni decretos irregulares.
