Remesas que no llenan vacíos: La violencia juvenil, el daño colateral de la migración

Desde el punto de vista de la criminología, la respuesta puede ser alarmante, la ausencia de la educación y el afecto parental por tiempo prolongado, puede traducirse en el aumento significativo de la violencia juvenil, sobre todo en los barrios y colonias más desfavorecidos de Honduras. Como ciudadanos, solemos pensar que la violencia se genera solo en las altas esferas sociales o políticas, restándole importancia a hechos tan simples y cotidianos como la buena comunicación y el entorno familiar. Olvidamos aquel axioma que dicta que la familia, es el núcleo de la sociedad y desde la criminología, es el factor de protección más eficaz para evitar la delincuencia. Según datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre enero de 2018 y marzo de 2023, hubo una migración de 348,445 hondureños al extranjero, motivados principalmente por asuntos económicos, cifra que puede traducirse en un enorme número de hijos que sufrieron la ausencia física de uno o ambos padres, pero ¿De qué manera afecta este fenómeno migratorio en los constantes aumentos en los índices de delincuencia juvenil en el país?

La respuesta puede ser más compleja de lo que parece, esta radica en la urgencia de cubrir necesidades básicas como la alimentación, la salud o la vestimenta, que obliga a los padres a abandonar el hogar y cruzar fronteras en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, en el desarrollo psicológico y social de un menor, los bienes materiales no sustituyen la presencia y dirección de un padre. La criminología nos muestra que, la falta de dirección en el hogar, crea en el joven la carencia de identidad y sentido de pertenencia, lo que resulta ser tierra fértil para las estructuras criminales que operan mediante el reclutamiento de menores, estas ofrecen todo aquello que la familia les niega, protección, una falsa identidad y afecto, valores que un envío de dinero, jamás podrá pagar. Una de las teorías criminológicas más importantes y más aplicables a este fenómeno social, es la del Control Social de Travis Hirschi, quien proponía que toda persona que tuviera mayor apego a la sociedad o relaciones familiares fuertes, era menos propenso a verse involucrado en actos delictivos. Para Hirschi, una persona que había sido educada baja ciertos límites y parámetros sociales, tenía más posibilidades de desarrollarse como un adulto sano y funcional.

Echando un vistazo critico a la situación social en la actualidad, se puede analizar porqué esta teoría es atemporal; no es una simple coincidencia que muchos de los jóvenes reclutados por las estructuras criminales o denominadas maras y pandillas, compartan una misma historia de vida: la ausencia de una figura parental, que les guíe y les oriente a ser mejores personas. En muchas ocasiones, estas estructuras no se basan en la fuerza para la captación de sus integrantes, basta con la ausencia de dirección y afecto en el hogar, para presentarse ante ellos como una “salvación”, que les suplirá todas aquellas necesidades emocionales y sentimentales, productos de la desintegración familiar. Tristemente, esta es una cruda realidad en Honduras, la cual se ve claramente reflejada en los aumentos en los índices de violencia juvenil, de los cuales somos testigos. A través de los años, los informes del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV-UNAH) y otras instituciones coinciden en que la violencia en Honduras tiene rostro joven y cada año va en aumento. Son adolescentes y jóvenes quienes encabezan las listas de homicidios, capturas y participación en diferentes delitos, cifras que tristemente coinciden con la población más vulnerable al abandono y a la falta de figura parental en el hogar.

Es en este punto donde reflexionamos ¿Quién o quiénes son los responsables de este fenómeno social? Señalar en papel de jueces a los padres que abandonan su país en busca de mejores oportunidades, es muy fácil y cómodo, más cuando nunca se ha estado en la misma posición. A mi criterio, la principal responsabilidad recae sobre un Estado, que ha sido incapaz de garantizar las condiciones mínimas para que las familias puedan sobrevivir sin necesidad de separarse. Pero tampoco podemos obviar la responsabilidad que tenemos como sociedad, el brindar desde el seno de nuestro hogar, la educación y los valores que los menores necesitan y no solo exigir al Gobierno cárceles más seguras o leyes más duras, sino también demandar políticas públicas que fortalezcan la seguridad comunitaria en las zonas más vulnerables. Una propuesta más coherente, es tratar el problema de raíz, y no limitarse a “reforzar” la seguridad, cuando el problema se nos ha escapado de las manos. Invertir en programas integrales para la niñez y creación de empleo digno para madres y padres de familia que no pueden sustentar sus hogares, sería una verdadera solución. De esta forma se frenaría la migración forzada, garantizando así, que los hijos crezcan bajo la protección y educación de sus padres, asegurados del acecho de las estructuras criminales.