El diario oficial La Gaceta ha publicado el Decreto Legislativo 258-2026, el cual contiene la nueva Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas. Con esta medida aprobada por el Congreso Nacional, se introducen modificaciones directas al Código Penal y al Código Procesal Penal con el firme propósito de intensificar la persecución y castigo contra estas estructuras criminales en el país.
La normativa estipula sanciones severas para los mandos altos de estas organizaciones, fijando penas que van de 40 años de prisión hasta cadena perpetua para cabecillas, directivos, promotores y financistas. Por su parte, los integrantes rasos enfrentarán condenas de entre 30 y 40 años de cárcel, acompañadas de fuertes multas económicas. Asimismo, se contemplan castigos de 20 a 30 años de prisión para colaboradores externos que faciliten información, recursos, inmuebles o servicios tecnológicos, penas que aumentan si participan funcionarios públicos.
En el ámbito procesal, la legislación impone prisión preventiva obligatoria sin derecho a medidas cautelares sustitutivas para los procesados por asociación terrorista, quienes deberán cumplir esta medida en recintos de máxima o alta seguridad. Adicionalmente, se faculta a los agentes de seguridad, bajo coordinación fiscal, para ejecutar allanamientos y registros sin orden judicial previa en situaciones de urgencia e indicios razonables.
El decreto también incorpora restricciones rigurosas sobre los beneficios de preliberación y libertad condicional para los condenados por estos delitos. De igual forma, se tipifican y sancionan nuevas modalidades delictivas, como el uso de aeronaves no tripuladas (drones) para introducir objetos prohibidos en los centros penitenciarios del territorio nacional.
Como parte de la estrategia de recuperación del espacio público, la ley autoriza a los cuerpos de seguridad a borrar y retirar grafitis, símbolos y expresiones visuales alusivas a maras y pandillas. Se prohíbe terminantemente la reposición de estos distintivos criminales, estableciendo sanciones directas para quienes incumplan con esta disposición de ornato y seguridad.
