Un nuevo escándalo sacude al gobierno hondureño, Óscar Zelaya, activista del partido Libertad y Refundación (Libre) y empleado de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), denunció ante el Ministerio Público la desaparición de al menos 300 cheques por un monto total de 950 millones de lempiras, supuestamente destinados a activistas del partido en San Pedro Sula y zonas aledañas como Chamelecón.
Según Zelaya, los cheques fueron gestionados como parte del programa Red Solidaria, financiado con fondos internacionales del préstamo IDA-6401-HN del Banco Mundial.
Sin embargo, los beneficiarios originales nunca recibieron los pagos, y hasta la fecha se desconoce quién cobró los fondos. “Yo fui supervisor de zona y ninguno de mis compañeros recibió pago. ¿Quién los cobró?”, cuestionó públicamente.
Contrataciones fantasmas y uso político de fondos
Zelaya asegura que las contrataciones fueron una fachada para financiar las elecciones internas del partido Libre, celebradas en marzo de 2025.
Denunció que durante las capacitaciones en la escuela Soledad Fernández, les quitaron los celulares, les impidieron hacer preguntas y todo fue manejado como un “secreto de Estado”.
Además, reveló que al menos cinco diputados oficialistas enviaron perfiles y currículos para gestionar contrataciones, lo que refuerza la sospecha de clientelismo político.
El activista también presentó constancias firmadas por SEDESOL que lo acreditaban como contratado, pero al acudir al Ministerio de Trabajo, le informaron que su contrato no existía legalmente. “Un despacho me decía que mi contrato era válido, otro que no existía. Entonces, ¿cuál es la verdad?”, declaró.
Amenazas y exigencia de auditoría
Desde que comenzó a denunciar estas irregularidades, Zelaya afirma haber recibido amenazas de muerte, pero asegura que no se detendrá: “Si rendimos cuentas como ciudadanos, el Estado también debe rendirlas”. Exige una auditoría urgente e independiente sobre el uso de los fondos de Red Solidaria y el papel de SEDESOL en este presunto desvío millonario.
Este caso no solo revela un posible desfalco de casi mil millones de lempiras, sino también la utilización de programas sociales con fines partidarios, una práctica que el actual gobierno prometió erradicar.
Hasta ahora, ni SEDESOL ni el Ministerio Público han emitido un pronunciamiento oficial, lo que refuerza la percepción de impunidad y encubrimiento.
La denuncia de Óscar Zelaya es una prueba más de que la corrupción no solo persiste, sino que se ha sofisticado, utilizando estructuras estatales para fines políticos. Si no hay una investigación seria y sanciones ejemplares, la refundación prometida quedará sepultada bajo el peso de la impunidad.
