La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados del Poder Judicial (ANFEPJ) emitió este sábado un pronunciamiento en el que solicita que se deje de cuestionar los nombramientos realizados por la titular de este poder del Estado, al considerar que los señalamientos de ilegalidad carecen de sustento jurídico.
La organización argumentó que no se han identificado normas específicas vulneradas y recordó que los actos administrativos gozan de presunción de legalidad y ejecutoriedad. En ese sentido, subrayó que los nombramientos deben analizarse con rigurosidad jurídica y no desde valoraciones políticas o gremiales sectoriales.
Carrera Judicial y concursos públicos
En relación con la Ley de la Carrera Judicial, la ANFEPJ señaló que la ausencia de concurso público no constituye automáticamente una infracción legal, ni puede equipararse de manera mecánica a arbitrariedad o ilegalidad.
Añadió que la defensa de la Carrera Judicial debe sustentarse en argumentos jurídicos sólidos y responsables, no en afirmaciones genéricas ni imputaciones sin prueba.
La asociación solicitó ser parte activa en el análisis y discusión del anteproyecto de reformas a la Ley de la Carrera Judicial y su reglamento, con el fin de garantizar disposiciones claras y justas en beneficio de trabajadores bajo contrato, interinos y permanentes.
Asimismo, propuso que quienes laboran en condición de contrato o interinato sean sometidos a evaluaciones de desempeño para acceder a la modalidad permanente.
Plazas y planificación institucional
Sobre las plazas disponibles, la ANFEPJ sugirió que la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la dirección de personal del Poder Judicial realicen un estudio y planificación para que este año las vacantes sean sometidas a concurso interno, mediante una comisión de selección en la que la asociación participe activamente.
Finalmente, la organización enfatizó que no se ha acreditado injerencia directa en la independencia de la función jurisdiccional, reiterando su llamado a que los debates sobre nombramientos se conduzcan con base en criterios jurídicos y técnicos.
