La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida y amplía el período presidencial de cinco a seis años.
La medida fue impulsada y respaldada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), liderado por el presidente Nayib Bukele, y sus aliados, quienes cuentan con una mayoría absoluta en el Parlamento.
La reforma fue aprobada con 57 votos de los 60 diputados, en una sesión calificada como exprés, sin consulta pública ni estudio legislativo previo.
Se modificaron los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, eliminando la prohibición de reelección inmediata, suprimiendo la segunda vuelta electoral y adelantando el fin del actual mandato presidencial de 2027 a 2029, para sincronizarlo con las elecciones legislativas y municipales.
Una reforma que divide al país
La diputada oficialista Ana Figueroa defendió la reforma argumentando que “la reelección ha existido históricamente en El Salvador para otros cargos de elección popular” y que el objetivo es “darle el poder total al pueblo salvadoreño”.
Sin embargo, la oposición, encabezada por los partidos ARENA y Vamos, denunció la medida como un grave retroceso democrático.
“Hoy ha muerto la democracia en El Salvador”, declaró la diputada Marcela Villatoro (ARENA), quien criticó la forma acelerada y sin debate en la que se aprobó la reforma. El diputado Francisco Lira comparó la situación con los procesos de concentración de poder vividos en Perú bajo Fujimori y en Venezuela con Hugo Chávez.
Bukele y la contradicción del discurso
La reforma también ha puesto en evidencia una contradicción en el discurso del propio presidente Bukele. En febrero de 2024, cuando fue reelegido con un amplio margen, afirmó que “no era necesaria una reforma constitucional” para permitir la reelección indefinida. Sin embargo, apenas un año después, su partido ha impulsado y aprobado dicha reforma, consolidando aún más su control sobre el aparato estatal.
Aunque la reforma ya fue aprobada en primera instancia, la Constitución salvadoreña exige que sea ratificada por la siguiente legislatura para entrar en vigor. Dado el dominio del oficialismo en el Parlamento, se espera que esta ratificación ocurra sin mayores obstáculos en los próximos meses.
La aprobación de esta reforma marca un punto de inflexión en la historia democrática de El Salvador. Mientras el oficialismo celebra lo que considera una ampliación de los derechos del electorado, amplios sectores de la sociedad civil, la oposición y organismos internacionales advierten sobre los riesgos de una concentración excesiva de poder y la erosión de los contrapesos democráticos.
