Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), señaló que la asignación de seguridad a cualquier funcionario público, sus parientes o conocidos es un abuso de poder.
“El abuso de poder en la asignación de personal contratado para la seguridad pública o ciudadana, como las Fuerzas Armadas, se vuelve un problema porque estos funcionarios deben estar dispuestos a dar seguridad a la población”, dijo Ayestas.
En ese sentido, Ayestas recordó que la Ley de Protección Especial de funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo Extraordinario establece que los funcionarios de cuarta categoría pueden ser resguardados debido a sus cargos. Sin embargo, propuso que la asignación de seguridad se base en un análisis de riesgo.
“La ley menciona a funcionarios del Estado, incluyendo a directores de la Policía, magistrados y jueces, entre otros. Pero el problema es cuántos policías y militares están asignados a funcionarios públicos”, manifestó.
Señaló que algunos elementos de seguridad se dedican a tareas como cargar bolsas de supermercado, en lugar de proteger a la población hondureña.
Ayestas sugirió que las autoridades asignen al personal de seguridad a combatir las maras y pandillas para mejorar la percepción de seguridad en Honduras.
Por otro lado, lamentó que, en lugar de reducir los gastos en seguridad, el Gobierno los ha incrementado con más camionetas blindadas.
Ayestas estimó que más de 1,000 funcionarios de seguridad estarían a disposición de funcionarios públicos.
“Los funcionarios deben reportarse y denunciar ante las Fuerzas Armadas. De no hacerlo, no habrá transparencia en el proceso”, agregó.
En la actualidad la Policía Nacional de Honduras cuenta con más de 16,000 policías, de los cuales 846 son oficiales, 13,897 son suboficiales y 1,344 auxiliares y auxiliares por contrato, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
