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ASJ cuestiona cierre anticipado de centros educativos por elecciones y advierte pérdida de aprendizaje

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) lanzó este lunes un fuerte llamado al gobierno hondureño para que priorice el derecho a la educación de más de 1.8 millones de niños, niñas y adolescentes, frente a las decisiones administrativas vinculadas al calendario electoral.

El pronunciamiento surge tras el anuncio de la Secretaría de Educación de cerrar de forma anticipada el año escolar 2025, con el fin de entregar los centros educativos al Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

El calendario oficial establecía el cierre del año lectivo el 28 de noviembre, y la entrega de los planteles al CNE el 29 de noviembre. No obstante, la Secretaría ha decidido adelantar ambos procesos, lo que implica una suspensión de clases aún más temprana en todas las escuelas públicas, a pesar de que el CNE solo utilizará el 33.6% de los centros educativos como sedes electorales.

El director de Educación de ASJ, Marlon Escoto, calificó la medida como una decisión que sacrifica innecesariamente el aprendizaje de miles de estudiantes. “Dos de cada tres centros suspenderán clases sin justificación operativa directa”, señaló, agregando que el país ya enfrenta múltiples factores que afectan la continuidad educativa, como el cambio climático, la contaminación atmosférica y las protestas sociales.

Según datos de la plataforma Aulas Abiertas, impulsada por ASJ y alimentada por más de 20 mil veedores sociales, hasta el 10 de octubre se habían perdido 11 días de clase de los 158 esperados.

A esto se suman los días de suspensión por la emergencia climática que mantiene bajo alerta al Distrito Central y otras zonas del país, así como los nueve días adicionales por el cierre anticipado. En total, se estima una pérdida de 20 días de clase, equivalentes a 100 horas de aprendizaje.

La organización concluyó su llamado instando a las autoridades a no subordinar el derecho a la educación al calendario político, y a tomar decisiones que protejan el aprendizaje de la niñez hondureña en un contexto de vulnerabilidad estructural.

 

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