La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) alertó este martes que, a dos años de la implementación del estado de excepción como parte del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, 304 mil hogares hondureños son víctimas de extorsión, un incremento de 74,126 desde 2022.

El informe “Extorsión bajo la lupa: a dos años del estado de excepción” detalla que la tasa de victimización creció de 9 % en 2022 a 11.6 % en 2024.
El gobierno de Xiomara Castro inició el estado de excepción el 6 de diciembre de 2022 como una medida contra la extorsión y lo ha prorrogado 16 veces. Sin embargo, esta estrategia enfrenta cuestionamientos, ya que tres de cada 10 hondureños aseguran sentirse menos seguros.
Además, mientras los hogares afectados aumentan, las denuncias y detenciones por extorsión han disminuido drásticamente de 1,922 denuncias en 2021 a una proyección de 484 en 2024, y de 461 detenciones a solo 175 este año.
El informe también señala que ocho departamentos, liderados por Intibucá, han registrado los mayores incrementos en tasas de victimización.

A esto se suma que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) documentó más de 600 denuncias de violaciones a derechos humanos relacionadas con el estado de excepción hasta septiembre de 2024.
La ASJ insta al gobierno a fortalecer el Plan Antiextorsión, garantizar los derechos ciudadanos y restituir las garantías constitucionales.
Finalmente, propone estrategias que ataquen las causas estructurales de la extorsión, fortalezcan las instituciones y fomenten la denuncia de este delito.