El director ejecutivo de la Dirección Nacional de Bienes del Estado, Luis Sosa, reveló el uso inapropiado del avión presidencial por parte de al menos diez individuos particulares, generando gastos exorbitantes en viáticos.
Según Sosa, la bitácora de vuelo, ahora en manos del Ministerio Público, detalla nombres, destinos y la naturaleza de la carga transportada por estas personas. Estas revelaciones, sumadas a la investigación en curso sobre la compra millonaria del avión, han desencadenado una cascada de interrogantes sobre la gestión pasada y presente del gobierno.
“El Ministerio Público ha actuado con prontitud ante nuestras denuncias”, afirmó Sosa, destacando la celeridad con la que se están abordando estas irregularidades.
Además, anunció la decisión de la presidenta Xiomara de Zelaya de proceder con la venta inmediata del avión presidencial mediante una subasta pública, en un esfuerzo por restaurar la transparencia y la responsabilidad en el uso de los recursos del Estado.
Sosa planteó serias dudas sobre la legitimidad de la adquisición del avión, sugiriendo paralelismos preocupantes con otros casos de corrupción, como el de los hospitales móviles.
Criticó enérgicamente el alto costo de la aeronave, cuestionando cómo un avión usado con 2,400 horas de vuelo pudo ser adquirido por 14 millones de dólares, especialmente considerando que está prohibido que el Estado compre bienes usados.
