Las bancadas de los partidos de oposición representados en el Congreso Nacional frenaron la intención del actual gobierno de obtener alrededor de 1, 042 millones de dólares (unos 18 mil millones de lempiras) en concepto de préstamo para ser utilizados en los últimos seis meses de la administración Castro sin un fin claramente definido.
El reciente bloqueo legislativo en préstamos solicitados por el gobierno de Xiomara Castro no es solo una jugada política: es un acto de contención institucional.
Las bancadas de oposición —Partido Nacional, Partido Liberal y PSH— han decidido poner freno a una solicitud que, más allá de su volumen, carece de un destino claro y de garantías mínimas de transparencia.
La administración Castro, en su último tramo, ha intentado justificar los préstamos como parte de convenios internacionales para fortalecer la sostenibilidad fiscal, las reservas internacionales y la acción climática.
Sin embargo, los dictámenes presentados al Congreso no especifican con precisión cómo se utilizarán los fondos, ni qué mecanismos de fiscalización acompañarán su ejecución. En un contexto donde la confianza pública en las instituciones es frágil, esta omisión no es menor: es estructural.
Más preocupante aún es el aparente intento de condicionar la aprobación de los préstamos al financiamiento de entes electorales como el Tribunal de Justicia Electoral y la Unidad de Política Limpia. Esta vinculación, denunciada por la oposición como “chantaje legislativo”, erosiona la legitimidad del proceso presupuestario y convierte el endeudamiento en moneda de cambio político. ¿Cómo puede hablarse de fortalecimiento democrático si los recursos se negocian bajo presión y sin claridad?
La oposición, por su parte, ha asumido un rol que va más allá del cálculo partidario. Al exigir transparencia y uso definido de los fondos, está ejerciendo una función esencial: la de contrapeso.
En tiempos donde el endeudamiento externo se ha convertido en una práctica recurrente, el Congreso debe ser más que un sello de aprobación. Debe ser un espacio de deliberación seria, donde cada lempira comprometido tenga rostro, propósito y retorno social.
Este episodio revela una tensión profunda entre gobernabilidad y rendición de cuentas. El gobierno necesita recursos, sí, pero también necesita credibilidad. Y esa no se compra con préstamos ni se negocia en pasillos legislativos. Se construye con planificación, diálogo y respeto por las reglas institucionales.
