En un país donde la ciudadanía exige transparencia y justicia, el Congreso Nacional de Honduras decidió renovar la camioneta blindada de la diputada Isis Cuéllar, expulsada del partido Libertad y Refundación (Libre) tras ser señalada por un presunto desfalco millonario en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
La decisión, tomada bajo la administración del presidente del Congreso, Luis Redondo, ha generado indignación y cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y el blindaje político a figuras involucradas en escándalos de corrupción.
Documentos oficiales y testimonios en poder de ICN Investiga, confirman que Cuéllar, parlamentaria por Copán, utilizaba una Toyota Prado modelo 2022. Sin embargo, recientemente se le asignó una nueva camioneta del mismo modelo, año 2023, color gris metálico, con placa VT A 4761 y número de VIN JTEBR9FJ90K296140.
El vehículo es parte de una flota de autos blindados alquilados por el Congreso a una empresa privada, y cuya distribución está bajo control exclusivo de Luis Redondo, presidente del Legislativo.
¿Expulsada pero aún beneficiada?
Aunque Libre expulsó a Cuéllar el 4 de julio de su cargo como coordinadora departamental en Copán, y anunció su separación como subjefa de bancada y vicepresidenta del Congreso, la diputada aún ostenta cargos directivos en el Legislativo. Esto le permite seguir accediendo a beneficios como el uso de vehículos blindados, giras políticas y desplazamientos oficiales, pese a las graves denuncias en su contra.
El desfalco: 6.5 millones desaparecidos
Una investigación de ICN Investiga reveló que al menos 6.5 millones de lempiras destinados a obras sociales en Copán fueron malversados. Aunque los expedientes indicaban la ejecución de proyectos comunitarios, una verificación en campo demostró que las obras nunca se realizaron.
A esto se suma un video filtrado en redes sociales donde Cuéllar admite haber desviado fondos de Sedesol para beneficiar al partido Libre, en conversación con el entonces ministro José Carlos Cardona.
El caso Cuéllar es solo una pieza de un esquema más amplio. Entre 2023 y 2024, Luis Redondo autorizó la ejecución de casi 800 millones de lempiras para proyectos sociales sin contar con facultades legales.
Estos fondos fueron distribuidos a más de 70 diputados mediante oficios firmados desde la presidencia del Congreso, sin control institucional ni sustento jurídico. Muchos de los proyectos reportados resultaron inexistentes.
¿Transparencia o encubrimiento?
La renovación del vehículo blindado a Cuéllar, en medio de un escándalo de corrupción, refleja una preocupante normalización del uso discrecional de recursos públicos. Mientras miles de hondureños enfrentan precariedad, el Congreso protege y premia a figuras señaladas por desfalcos, perpetuando un sistema donde la impunidad se moviliza en camionetas blindadas.
