El canciller hondureño Efraín Bu declaró este lunes, que las condiciones que justificaban el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños en Estados Unidos ya no existen, argumentando que el país ha superado los estragos del huracán Mitch y ahora goza de condiciones significativamente mejores.
Sin embargo, sus afirmaciones han generado debate entre sectores que cuestionan si los indicadores presentados reflejan la realidad integral del país.
Argumentos del canciller: cifras de progreso
Bu destacó una serie de avances que, según él, demuestran que Honduras ha alcanzado un nivel de desarrollo que invalida la necesidad del TPS:
- Acceso al agua potable: 95.7% de la población,
- Saneamiento básico: 83.8%
- Cobertura eléctrica: 93.2%
- Inversión extranjera directa: $1.8 mil millones entre 2023 y 2024
- Infraestructura urbana: mejoras en 38 ciudades, beneficiando a 1.3 millones de personas
- Gestión de riesgos: 18 municipios con planes activos
Bu subrayó que estos logros son evidencia de un país en transformación, con capacidad institucional y económica para ofrecer condiciones dignas a sus ciudadanos.
¿Suficiente para prescindir del TPS?
Aunque las cifras son alentadoras, expertos y organizaciones de derechos humanos advierten que los indicadores macroeconómicos no capturan la complejidad de los desafíos que enfrenta Honduras.
Persisten altos niveles de pobreza, violencia estructural, desempleo juvenil y migración forzada, factores que siguen empujando a miles a buscar refugio en el extranjero.
Además, el TPS no solo responde a desastres naturales, sino también a condiciones sociales y políticas que impiden el retorno seguro de los beneficiarios. En ese sentido, la afirmación de que “Honduras vive en muy buenas condiciones” podría ser vista como una simplificación excesiva.
Compromiso con los migrantes
El canciller aseguró que el gobierno “reitera su compromiso de velar por los derechos de nuestros compatriotas en el exterior, acompañarlos en este proceso y continuar abogando por soluciones permanentes que reconozcan su invaluable aporte”.
No obstante, sectores migrantes temen que este discurso pueda ser interpretado por autoridades estadounidenses como una señal para acelerar la cancelación del TPS, sin garantizar alternativas legales para los más de 70,000 hondureños amparados por el programa.
La postura del canciller Bu refleja una narrativa oficial de progreso que, aunque respaldada por ciertos indicadores, no necesariamente representa la experiencia cotidiana de millones de hondureños.
Enfatizó que “la presidenta ha invertido en el país, se han creado empleos, ha habido desarrollo, se han hecho hospitales, carreteras, escuelas, hay muchos rubros en el cual se pueden crear empleos y poder recibir a la gente y apoyarla.
Además, tenemos el programa ‘Hermano, hermana, vuelve a casa’, se les apoya, se les da emprendedurismo si deciden regresar voluntariamente, entonces opciones claro que hay, y si está trabajando en crear más oportunidades para el retorno de nuestras gentes”.
El diplomático leyó un comunicado del gobierno hondureño en el que lamentan la decisión de EEUU de dejar sin TPS a más de 50 mil connacionales.
Mencionó que en los primeros 100 días de la gestión de la presidenta Xiomara Castro instruyó la solicitud para la ampliación del TPS al entonces presidente Joe Biden. Igualmente, se presentó una carta a la administración actual de Donald Trump solicitando la consideración de una prórroga.
“La decisión tomada por el gobierno de Estados Unidos no responde al estado actual de la relación bilateral entre ambos países”, expresó el diplomático.
El debate sobre el TPS no puede reducirse a cifras; debe considerar también las condiciones estructurales que siguen motivando la migración.
Reconocer los avances es justo, pero ignorar las vulnerabilidades sería irresponsable.
