La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama al Estado de Honduras a asegurar la independencia judicial garantizando que el proceso de selección de los titulares de la Fiscalía General y Adjunta de la República, que se realice conforme a los estándares interamericanos en la materia.
Hondumedios. Tras iniciar el receso legislativo del Congreso Nacional de Honduras el 31 de octubre, una Comisión Permanente del mismo Congreso, eligió el 1 de noviembre a las personas titulares de la Fiscalía General y Adjunta de la República de manera interina tras la vacancia de estos cargos.
Lo anterior, en un contexto de alegadas irregularidades en el proceso de selección y de hechos de violencia en el Congreso Nacional que habrían tenido como fin impedir la participación de fuerzas políticas de la oposición en dicha decisión.
El proceso de selección de las personas que ocuparán estos cargos de manera permanente conforme a lo previsto en la Constitución hondureña tendría que retomarse el 25 de enero de 2024, tras finalizar el receso legislativo. No obstante, según información disponible, ante la falta de acuerdos en el Congreso Nacional, el mandato de los fiscales interinos podría prolongarse indebidamente y de forma indefinida, lo cual afecta la independencia de la institución.
Bajo esta coyuntura, la Comisión hace un llamado nuevamente a todas las fuerzas políticas a establecer un diálogo constructivo, digno de una democracia representativa, a fin de retomar el proceso para elegir al Fiscal General y Adjunto de conformidad con la legislación nacional, el debido proceso y los estándares interamericanos en materia de independencia judicial.
Elección de titulares de Fiscalía de vital importancia
El proceso de selección de las personas titulares de la Fiscalía General de la República resulta de vital importancia porque son cargos cruciales para la investigación de los delitos y la lucha contra la impunidad. La Comisión reitera la necesidad de garantizar la transparencia y el acceso a la información durante este proceso, y que éste se rija bajo criterios de igualdad, no discriminación, formación, mérito y transparencia.
Además, el Estado debe establecer garantías para evitar discrecionalidades por parte de quienes participan en el proceso de selección, e intereses particulares y/o partidarios que impedirían que la persona escogida sea la más idónea y capaz.
La CIDH confía en que el Estado de Honduras, a través del Congreso Nacional, observará estos elementos que son esenciales de la democracia representativa, la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos y que, en su conjunto, velan por la garantía de las libertades civiles y los derechos humanos.
