El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, expresó su preocupación e indignación ante la información que circula sobre presuntos aumentos salariales irregulares en el sector público, en los que se estaría señalando a miembros del gremio médico.
Santos aclaró que, de confirmarse los hechos, no se puede responsabilizar al Colegio Médico como institución, ya que se trataría de actuaciones individuales de algunos profesionales.
“El Colegio Médico no es un ente contralor, no le corresponde investigar ni juzgar; nuestra función es gremial y ética, pero no administrativa”, enfatizó.
Llamado a entes contralores
El dirigente gremial hizo un llamado directo a los entes contralores del Estado y a la Procuraduría General de la República (PGR) para que realicen una investigación exhaustiva, se deduzcan responsabilidades y se castigue conforme a la ley a quienes resulten culpables.
“Exigimos que se investigue y se castigue. Si se demuestra que existen médicos involucrados en estas irregularidades, el CMH actuará de acuerdo con su reglamento interno y esos miembros serán suspendidos por el doble de la sanción que impongan las autoridades competentes”, advirtió Santos.
Caso Carla Paredes
El pronunciamiento del CMH se da en el marco de la polémica por el autonombramiento de la exministra de Salud, Carla Paredes, en un puesto de guardia de médico general, con un salario superior a los 105 mil lempiras, equivalente al de un especialista.
El nombramiento se habría realizado de forma irregular, ya que Paredes aún ejercía como ministra cuando gestionó la plaza en el Hospital de San Lorenzo, donde no aparece en el rol de guardias.
Salarios en el sector público
Santos recordó que el salario base de un médico en el sector público ronda los 36 mil lempiras, por lo que consideró inaceptable que se realicen nombramientos o incrementos fuera del marco legal, únicamente por tener poder o influencias.
Finalmente, el presidente del CMH subrayó que los médicos están llamados a actuar con transparencia y responsabilidad, ya que cualquier conducta irregular daña la imagen del gremio y afecta la confianza de la población en el sistema de salud.
