En medio de una creciente controversia pública y tras la renuncia de la presidenta de la junta interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Carla Paredes, la Comisión Interventora aprobó una millonaria compra directa de equipos médicos por L 447.6 millones, a menos de 30 días de concluir el gobierno de Xiomara Castro.
La operación, oficializada mediante la Resolución CI-IHSS-051-2025-IV, se realizó bajo el mecanismo de contratación directa, sin licitación pública ni competencia abierta, lo que ha levantado serias sospechas de legalidad, oportunidad y responsabilidad administrativa.
La adjudicación se concentró en solo tres empresas privadas —Equimedic Ingeniería, Seijiro Yazawa Iwai Honduras y MACC Medical—, configurando una megacompra fragmentada en ocho lotes.
Mientras tanto, los derechohabientes del Seguro Social denuncian la falta de citas médicas, medicamentos e insumos hospitalarios, lo que evidencia una contradicción entre las prioridades institucionales y las necesidades urgentes de los pacientes.
Los contratos incluyen la compra directa de rayos X, mamógrafos, tomógrafos (TAC), resonancias magnéticas, angiografías y sistemas informáticos hospitalarios, comprometiendo recursos públicos de largo plazo.
La resolución fue autorizada por los interventores Carla Marina Paredes Reyes, Samuel Zelaya Castro y Marco Antonio Destephen Soler.
Aunque la ley permite la contratación directa en circunstancias excepcionales, no se justifica una operación de esta magnitud en la etapa final de un gobierno, pues hipoteca financieramente a la nueva administración que encabezará Nasry Asfura, restringiendo su margen de maniobra presupuestaria desde el primer día.
Expertos en derecho administrativo advierten que una operación de esta magnitud, en la etapa final de un gobierno, podría constituir abuso de poder y desviación de finalidad administrativa.
Además, compromete financieramente a la nueva administración de Nasry Asfura, que deberá asumir contratos firmados sin haber participado en su planificación, reduciendo su margen de maniobra presupuestaria desde el primer día.
La decisión se produce en un contexto de crisis institucional: hospitales desabastecidos, servicios colapsados y denuncias de muertes por falta de atención oportuna.
La renuncia de Karla Paredes, en medio de tensiones internas y críticas por el deterioro del Seguro Social, agrava la percepción de opacidad y desgaste en la gestión de la Comisión Interventora.
Fuentes cercanas al proceso señalan que la renuncia de Paredes se habría producido en un ambiente de presiones políticas y desgaste institucional, en momentos en que el IHSS atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente, marcada por denuncias de desabastecimiento, muerte de pacientes por falta de atención oportuna, ausencia de medicamentos, insumos quirúrgicos y colapso de citas médicas.
La diputada y doctora, Johana Bermúdez denunció públicamente que las adjudicaciones directas superan los 800 millones de lempiras, incluyendo contratos de mantenimiento y reparación de equipo médico, aprobados “sin criterios claros, sin verificación y en el minuto cero”. Bermúdez calificó la operación como “un atentado directo contra las finanzas del Seguro Social” y advirtió que la institución no debe convertirse en botín político.
El presidente electo, Nasry Asfura, había solicitado expresamente al gobierno saliente abstenerse de contraer nuevos compromisos financieros y contratos de gran magnitud.
La compra del IHSS contradice de manera frontal ese llamado y deja una pesada carga financiera y administrativa para el nuevo gobierno, que deberá responder ante los cotizantes y derechohabientes.
Más que un acto de gestión, la millonaria compra directa del IHSS se perfila como un símbolo de opacidad y desconfianza institucional, que expone la fragilidad del sistema de salud y la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos.
