En una sesión extraordinaria marcada por la ausencia de las bancadas opositoras y con la integración de suplentes afines al oficialismo, el Congreso Nacional, encabezado por Luis Redondo, aprobó un decreto que pretende revertir la declaratoria final de las elecciones realizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La medida, respaldada principalmente por diputados de Libre, el PAC y una suplente liberal, ordena un reconteo de actas y faculta al propio Congreso a asumir la declaratoria final de los comicios.
Reconteo de actas pendientes: Se exige al CNE revisar 306 actas presidenciales, 2,620 de diputados y 1,848 de alcaldías.
Acción penal contra consejeras: Se instruye a la Comisión Especial de Investigación a solicitar al Ministerio Público acciones contra Ana Paola Hall y Cossette López por no completar el escrutinio.
Declaratoria final en manos del Congreso: Una vez realizado el reconteo, los resultados deberán remitirse al Legislativo, que asumiría la función constitucionalmente reservada al CNE.
Resolución de impugnaciones: El decreto obliga al CNE a atender todas las reclamaciones pendientes en los tres niveles electorales.
La decisión del Congreso representa un choque frontal con el orden constitucional, pues la Carta Magna establece que el CNE es el único órgano facultado para realizar escrutinios y declarar resultados.
Al arrogarse esta potestad, el Legislativo abre un precedente de intervencionismo político que erosiona la independencia de los órganos electorales y pone en entredicho la legitimidad del proceso democrático.
Además, la medida se aprueba a escasos días de la instalación del nuevo Congreso y de la investidura de Nasry Asfura como presidente electo, reconocido por la comunidad internacional.
Este contexto sugiere un intento de desconocer la voluntad popular y prolongar la incertidumbre política.
Informe de la Comisión Especial
El informe leído por el diputado Ramón Barrios sirvió de base para el decreto. Entre sus conclusiones: El CNE no agotó el escrutinio de actas, vulnerando principios de legalidad y transparencia.
Las sesiones virtuales de consejeros carecen de reglamentación y ponen en duda la autenticidad de firmas.
Se denuncia injerencia extranjera por mensajes del presidente de EE. UU., Donald Trump, a favor de Asfura.
Se señalan presiones de maras y pandillas, coacción económica mediante el tema de remesas y deficiencias en auditorías externas.
Aunque el informe recoge narrativas del oficialismo para justificar su derrota electoral, incluso admite que Libre fue castigado en las urnas y que, según sus cálculos, el ganador habría sido Salvador Nasralla, no Asfura.
Reacciones y tensiones
Oposición excluida: Diputados del Partido Nacional, Liberal y Salvador de Honduras fueron impedidos de ingresar al hemiciclo por la seguridad del Congreso.
División interna en Libre: Figuras relevantes como Xiomara Hortensia Zelaya y Rasel Tomé no participaron en la sesión.
Medidas extremas: Diputados opositores reunidos fuera del Palacio Legislativo pidieron a las Fuerzas Armadas capturar a Redondo.
Discurso radical: Durante la sesión, varios legisladores oficialistas lanzaron ataques contra Donald Trump y el gobierno estadounidense, evidenciando un tono confrontativo y poco institucional.
La aprobación del decreto refleja una estrategia de deslegitimación institucional que busca trasladar al Congreso funciones exclusivas del CNE. Este movimiento no solo contradice la Constitución, sino que amenaza con profundizar la crisis política y generar un vacío de confianza en el sistema electoral hondureño.
El hecho de que se apruebe en una sesión con suplentes y sin la presencia de la oposición, bajo condiciones de exclusión y tensión, refuerza la percepción de un golpe legislativo contra la institucionalidad democrática.
La narrativa de Libre, centrada en la injerencia extranjera y la coacción social, parece más un intento de justificar su derrota que un argumento sólido para invalidar un proceso ya reconocido internacionalmente. En este sentido, la medida se interpreta como un acto desesperado de poder, que pone en riesgo la estabilidad política y la transición democrática.
