En un giro inesperado, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA), Roosevelt Hernández, declaró que la institución castrense no se encargará de la seguridad en el proceso electoral, sugiriendo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) solicite dicha protección a la Policía Nacional.
solicitado formalmente a las Fuerzas Armadas el resguardo de las instalaciones del órgano electoral.
La solicitud de López se produjo tras la toma de las oficinas del CNE por militantes del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), lo cual interrumpió el proceso de contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Ante esta situación de tensión, la respuesta del general Hernández fue clara: la seguridad debe ser gestionada por la Secretaría de Seguridad, para que sea la Policía Nacional, adscrita al Poder Ejecutivo, la que brinde la protección necesaria.
Este cambio de responsabilidad genera incertidumbre sobre la capacidad del CNE para garantizar un proceso electoral seguro y transparente, y plantea interrogantes sobre la colaboración entre las distintas instituciones del Estado en momentos de crisis.
La decisión de las Fuerzas Armadas de desvincularse de la seguridad electoral podría tener implicaciones significativas para la estabilidad política y la confianza pública en el sistema electoral.
Cabe resaltar que la misma Constitución de la República al artículo 272 de la Constitución, el cual establece que las Fuerzas Armadas están obligadas a garantizar no solo la defensa nacional, sino el normal desarrollo del proceso electoral.
“Por lo anteriormente expuesto, la Policía Nacional es la encargada de mantener el orden público y convivencia social, de manera que se garantice la seguridad en el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, desde la etapa de planificación hasta la ejecución de las elecciones generales”, indica el documento.
En ese sentido, analistas y sectores de la sociedad civil han interpretado esta postura como un acto de evasión institucional, la cual, de dudas sobre la imparcialidad del alto mando militar, sobre todo en un contexto donde actores cercanos al oficialismo obstaculizan el normal desarrollo del calendario electoral.
