En una revelación alarmante, el fiscal titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, denunció que investigaciones contra más de 200 diputados y exdiputados por apropiación de fondos públicos han sido sistemáticamente bloqueadas.
Según Santos, los implicados habrían desviado recursos del fondo departamental, creado desde el Congreso Nacional, para fines personales.
El fiscal señaló que, pese a contar con pruebas y testimonios, las diligencias han sido obstaculizadas por mecanismos judiciales como amparos y trabas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Los casos duermen el sueño de los justos”, afirmó, refiriéndose a la lentitud y falta de voluntad para evacuar pruebas clave, como el vaciado de teléfonos y declaraciones anticipadas de testigos protegidos.
Estas declaraciones no solo exponen el nivel de impunidad que protege a figuras políticas, sino también la fragilidad del sistema judicial hondureño frente a redes de poder que operan desde las instituciones mismas.
La corrupción no se combate con discursos, sino con voluntad política, independencia judicial y protección real a los fiscales que enfrentan estas estructuras.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando justicia, en un país donde los corruptos parecen tener más garantías que sus víctimas.
