El Ministerio Público (MP) informó que la Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción revocó las medidas distintas a la detención judicial y confirmó el auto de formal procesamiento con prisión preventiva para tres imputados vinculados a las irregularidades en el proyecto “Mercado El Ceibón”, en Choloma, Cortés.
Los señalados son: Leopoldo Eugenio Crivelli Durant, exalcalde de Choloma, Carlos Noé Ramírez Araque, expresidente ejecutivo del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y Raúl Antonio Herrera Rodríguez, exgerente de fideicomisos de Banadesa.
A los tres se les acusa de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude. Cabe recordar que en abril de 2024 se les había permitido defenderse en libertad bajo medidas sustitutivas, decisión que ahora queda sin efecto.
De acuerdo con la investigación, en 2015 la corporación municipal de Choloma aprobó la construcción de un mercado para beneficiar a unos 270 vendedores ambulantes que necesitaban un espacio digno de trabajo. El proyecto, denominado “El Ceibón”, fue financiado mediante un préstamo de 35.6 millones de lempiras gestionado ante Banadesa.
El recurso fue administrado por la empresa Surco, sin controles adecuados. Según el expediente, el dinero se desvió hacia gastos personales, pago de apartamentos, transferencias particulares y liquidación de tarjetas de crédito, entre otros.
El MP señala que, en un intento de justificar la obra, se levantó un edificio a medio construir, precario y sin condiciones dignas, lo que truncó el sueño de los pequeños comerciantes.
Posteriormente, se obtuvo un segundo financiamiento que elevó el monto del préstamo a 55.4 millones de lempiras, deuda que ahora recae sobre los vendedores, quienes siguen sin contar con su propio mercado.
Implicaciones
La resolución de la Corte de Apelaciones marca un giro en el proceso judicial, al imponer prisión preventiva a los exfuncionarios acusados. El caso se convierte en un ejemplo de cómo proyectos destinados al desarrollo comunitario pueden terminar en fraudes millonarios, dejando a los sectores más vulnerables sin los beneficios prometidos y con deudas que no les corresponden.
