En medio de una de las peores crisis institucionales del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la antesala de las elecciones generales del 30 de noviembre, la presidenta del órgano, Cossette López, aseguró que el proceso electoral sigue en pie y llamó a la serenidad y al respeto a la ley.
“Yo me siento muy tranquila y serena, sé que estoy actuando con base a la ley. La tormenta va a pasar y elecciones tenemos que tener, nuestra democracia no se va a perder por esto”, declaró López.
La funcionaria aclaró que la renuncia de Ana Paola Hall aún no ha sido oficializada ante el Congreso Nacional, por lo que legalmente sigue siendo consejera del CNE. Además, citó el artículo 26 de la Ley Electoral, que establece que las ausencias definitivas deben ser cubiertas por un nuevo propietario nombrado por el Congreso, lo que podría generar “impasses en términos de tiempo”.
Postura firme ante la ilegalidad y críticas a Libre
López fue enfática al rechazar la posibilidad de que un consejero suplente sustituya a Hall en el pleno, como ha sido sugerido por sectores afines al oficialismo. “Las decisiones deben tomarse con base en la ley, no en caprichos personales”, afirmó, en una clara alusión al consejero Marlon Ochoa, a quien responsabilizó directamente por la crisis actual.
“El problema es Marlon Ochoa y el Partido Libre. Es que quiere estar cómodo y que los demás estemos incómodos”, acusó López, reiterando que el proceso democrático está en riesgo por la obstrucción deliberada de sesiones clave, como la relacionada con la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
¿Serenidad institucional o resistencia política?
Las declaraciones de Cossette López buscan proyectar estabilidad en un momento de alta incertidumbre. Su llamado a la serenidad y al respeto institucional contrasta con el ambiente de confrontación que domina el debate político. Sin embargo, su postura también puede interpretarse como una forma de resistencia frente a las presiones del oficialismo, que ha intentado avanzar con decisiones sin el quórum legal.
López ha sido clara en su defensa del marco legal, pero también ha dejado entrever que la crisis tiene un trasfondo político: la lucha por el control del CNE en un año electoral. Su insistencia en que el Congreso debe nombrar al sustituto de Hall refuerza la idea de que no se puede improvisar ni forzar decisiones que comprometan la legitimidad del proceso.
Mientras Hall no oficialice su renuncia ante el Congreso y esta no sea aceptada por votación, el CNE permanece en un limbo legal. López ha advertido que no se puede sesionar con suplentes ni con solo dos propietarios, lo que paraliza decisiones clave como la contratación del TREP, la impresión de papeletas y la logística electoral.
