A pocas horas de que venza el plazo legal para la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, lanzó un salvavidas institucional: un borrador de decreto que busca ampliar el tiempo para contratar directamente el sistema técnico electoral.
Sin embargo, la urgencia del llamado contrasta con la inactividad de los otros dos consejeros propietarios, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa, quienes aún no han emitido ninguna respuesta pública sobre la propuesta.
López advierte que esta prórroga no solo busca salvar el TREP, sino también la adquisición de equipos esenciales como impresoras y unidades de respaldo energético (UPS), fundamentales para ejecutar los comicios del 30 de noviembre.
El documento, recibido por la Secretaría General del CNE el 29 de julio, subraya que el pleno debe actuar “con temporalidad y urgencia” para evitar que el proceso electoral entre en zona de riesgo.
Silencio que asfixia la institucionalidad
El silencio de Hall y Ochoa no es menor. Ocurre cuando el artículo 278 de la Ley Electoral exige que el TREP sea adjudicado con un mínimo de cuatro meses de anticipación. Su falta de respuesta impide que el pleno tome una decisión firme y oficial, manteniendo al sistema electoral en una especie de congelamiento técnico.
El escenario dentro del Consejo es cada vez más frágil: a la prolongada ausencia de consenso se suma la renuncia condicionada de Hall, aún no aprobada por el Congreso, y la advertencia de Libre de no apoyar al candidato propuesto por el Partido Liberal para reemplazarla. Esta fragmentación afecta directamente la gobernabilidad del órgano electoral justo en el momento más crítico de preparación electoral.
Según los primeros reportes, en el Congreso Nacional habría voluntad para aprobar la prórroga, pero esta dependerá de que el CNE oficialice su solicitud. Sin una resolución interna que respalde el borrador de decreto propuesto por López, el Congreso no puede actuar legalmente, lo que pone en tela de juicio la capacidad del país para garantizar comicios legítimos y transparentes.
La iniciativa de Cossette López busca evitar el naufragio electoral, pero necesita del compromiso inmediato de sus colegas en el CNE.
La falta de acuerdos y el bloqueo interno están erosionando los pilares básicos de la institucionalidad democrática. Si no se actúa hoy, Honduras corre el riesgo de llegar a las elecciones con un sistema electoral incompleto, legalmente vulnerable y políticamente deslegitimado.
