A menos de seis semanas de las elecciones generales del 30 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta una nueva tormenta institucional.
La consejera Cossette López denunció públicamente haber recibido amenazas por parte de su colega Marlon Ochoa, en el marco de una tensa discusión sobre la adjudicación del contrato de conectividad satelital para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Según López, Ochoa habría intentado presionarla para favorecer a la empresa Smartmatic, cuya oferta —según la consejera— es la más alta entre las propuestas recibidas, con una diferencia de 67 millones de lempiras respecto a otras compañías que también cumplen con los requisitos técnicos.
La funcionaria afirmó que, ante la amenaza de ser denunciada ante el Ministerio Público si no se adjudicaba el contrato a dicha empresa, decidió abandonar la sesión del pleno.
“Conectividad sí, con actos de corrupción NO. No voy a violar la ley ni el derecho ajeno”, escribió López en su cuenta oficial en X, denunciando además que los procesos administrativos han sido obstaculizados durante más de 20 días, lo que —según ella— evidencia una intención deliberada de manipular la adjudicación.
Este episodio no solo revela una fractura interna en el órgano electoral, sino que plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso de contratación pública en un momento clave para la democracia hondureña.
La denuncia de López no puede tomarse a la ligera: implica presiones indebidas, posible tráfico de influencias y una aparente intención de beneficiar a una empresa específica, a pesar de que su oferta no sería la más conveniente para el Estado.
¿Y ahora qué?
La denuncia de Cossette López exige una respuesta inmediata y contundente por parte de las autoridades competentes. El Ministerio Público debe abrir una investigación para esclarecer los hechos, y el CNE debe garantizar que el proceso de adjudicación del TREP se realice con total transparencia, sin presiones ni favoritismos.
En un país donde la confianza en las instituciones es frágil, este tipo de escándalos no solo afectan al órgano electoral, sino que erosionan la credibilidad del proceso democrático en su conjunto.
