A 12 días de que venza la cuarta prórroga del memorándum de entendimiento entre el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y las Naciones Unidas (ONU), la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) sigue siendo incierta.
El memorándum original fue suscrito el 15 de diciembre de 2022 en Nueva York, con el objetivo de establecer la CICIH como un mecanismo para combatir la corrupción y la impunidad en el país. Sin embargo, desde entonces, el acuerdo ha sido renovado en cuatro ocasiones debido a la falta de avances concretos.
La presidenta Xiomara Castro prometió en su toma de posesión que la CICIH sería instalada en los primeros 100 días de su gobierno, convirtiéndola en una de sus principales ofertas de campaña. No obstante, a 1,222 días de esa promesa, la comisión sigue sin materializarse.
El proceso enfrenta múltiples obstáculos, incluyendo la necesidad de un acuerdo bilateral con la ONU, garantías legales de independencia y autonomía, y la aprobación de reformas clave como la Ley de Colaboración Eficaz. Además, sectores críticos han señalado que la falta de acción efectiva ha generado escepticismo, y algunos consideran que cada extensión del memorándum es más una formalidad que un paso real hacia la instalación de la CICIH.
La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, ha calificado la promesa de la CICIH como un engaño del gobierno, argumentando que nunca hubo una intención real de traer una plataforma internacional para combatir la corrupción en Honduras.
Por su parte, la activista Gabriela Blen ha señalado que el fracaso en la instalación de la CICIH es responsabilidad de exfuncionarios como Enrique Reina y Rixi Moncada, quienes habrían utilizado el proceso como una estrategia dilatoria.
Mientras la fecha límite se acerca, la incertidumbre sobre el futuro de la CICIH persiste. La comunidad nacional e internacional sigue atenta a los próximos movimientos del gobierno y la ONU, en espera de una decisión definitiva sobre la instalación de este mecanismo anticorrupción en Honduras.
