En una franca intromisión en asuntos políticos de la ciudadanía, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández informó que pedirán al Consejo Nacional Electoral (CNE) que les envíe información de las actas y resultados preliminares de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre lo que constituye una violación a las funciones que le otorga la Constitución de la República.
Según Hernández, esta petición busca que las FFAA puedan llevar su propio conteo de los resultados presidenciales en sus centros de operaciones.
Marco constitucional y legal
La Constitución de la República de Honduras establece que las Fuerzas Armadas deben ser una institución apolítica, obediente y no deliberante.
Su rol en procesos electorales está limitado al resguardo, transporte y seguridad del material electoral, bajo la dirección del CNE. No contempla, en ningún artículo, que las FFAA tengan derecho a recibir, procesar o custodiar resultados electorales ni actas de votación.
Por tanto, la solicitud del general Hernández excede las funciones constitucionales asignadas a las Fuerzas Armadas y representa una posible vulneración al principio de separación de poderes y al carácter civil del proceso electoral.
Esta acción ha generado preocupación en sectores de la sociedad civil, analistas políticos y defensores de derechos democráticos, quienes la interpretan como una intromisión indebida en un proceso que debe estar exclusivamente en manos de autoridades civiles y ciudadanas.
Permitir que una institución armada tenga acceso directo a resultados electorales, fuera del marco legal, podría sentar un precedente peligroso para la integridad del sistema democrático.
Además, la solicitud se produce en un contexto de creciente desconfianza institucional, donde la transparencia y la independencia del CNE son fundamentales para garantizar elecciones libres y justas. La participación de las FFAA en tareas que no les competen podría erosionar aún más la credibilidad del proceso electoral.
Aunque el general Hernández afirmó que la intención es “cuidar” las actas presidenciales y colaborar con la logística electoral, la ambigüedad de su propuesta y la falta de sustento legal abren la puerta a interpretaciones preocupantes.
La línea entre colaboración logística y vigilancia política es delgada, y en un país con antecedentes de militarización de la política, este tipo de acciones deben ser evaluadas con extrema cautela.
La democracia hondureña se fortalece cuando sus instituciones respetan los límites que la Constitución les impone. La transparencia electoral no se garantiza con la intervención de actores armados, sino con el fortalecimiento de los organismos civiles, la participación ciudadana y el respeto irrestricto al marco legal.
La solicitud de las FFAA al CNE debe ser rechazada con firmeza para preservar la autonomía del proceso electoral y evitar cualquier sombra de militarización de la voluntad popular.
