Lo que inició como un despliegue mediático para capturar a seis imputados por un presunto fraude de más de 3 mil millones de lempiras contra el Estado, terminó este martes con una solicitud del Ministerio Público que ha dejado perpleja a la ciudadanía: arresto domiciliario para todos los acusados, entre ellos el diputado nacionalista Nelson Márquez.
La captura de Márquez, junto a Juan Fernando Madrid Lezama, Caronte Rojas Zavala, Raymond Esaú Gradiz y Eva Vásquez, fue presentada como una acción firme contra la corrupción. Sin embargo, la solicitud de medidas sustitutivas contradice el discurso de rigor y pone en duda la autenticidad del compromiso institucional con la justicia.
¿Fue el operativo un acto de justicia o un montaje para calmar la presión pública? La contradicción entre el espectáculo inicial y la indulgencia procesal revela una preocupante fragilidad en el sistema judicial.
¿Justicia o teatro político?
La captura de los imputados fue presentada como una acción contundente del Ministerio Público, con despliegue mediático y declaraciones que prometían castigo ejemplar. Sin embargo, la solicitud de medidas sustitutivas como el arresto domiciliario contradice el tono inicial del operativo, dejando entrever una preocupante inconsistencia institucional.
¿Fue el operativo un acto de justicia o un montaje para aparentar firmeza ante la opinión pública? La ciudadanía, harta de impunidad, exige respuestas claras y coherentes.
El caso involucra un presunto fraude millonario que supera los 3 mil millones de lempiras, una cifra que representa un golpe brutal a las finanzas públicas y a la confianza ciudadana. Que los acusados, entre ellos un diputado en funciones, puedan enfrentar el proceso desde la comodidad de sus hogares, envía un mensaje desalentador: en Honduras, el poder político sigue blindado frente a la justicia.
La solicitud de arresto domiciliario no solo debilita el proceso judicial, sino que perpetúa la percepción de que los delitos de cuello blanco se castigan con guantes de seda. ¿Qué garantías existen de que los imputados no obstaculicen la investigación o evadan responsabilidades? ¿Dónde queda el principio de igualdad ante la ley?
