La desaparición de L17 millones de lempiras destinados a la operatividad de la antigua Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) ha generado una tormenta política y administrativa, tras una denuncia pública que cuestiona directamente a la Secretaría de Finanzas (Sefin) y a altos funcionarios del Estado.
Según documentos oficiales y reportes investigativos, el Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa transfirió a inicios de 2022 un total de L23.8 millones para diversas fuerzas operativas, de los cuales L17 millones fueron destinados a la FNAMP.
Sin embargo, durante el proceso de transición institucional a la nueva Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco), esos fondos fueron retirados de la cuenta bancaria oficial por SEFIN, sin explicación ni registro público de su uso.
Según investigación realizada por El Heraldo Plus, La situación fue tan precaria que, para poder dar respuesta a las denuncias contra los extorsionadores, algunos oficiales al mando de ciertos equipos llegaron a vender sus carros, sacar préstamos e incluso aportar dinero de su propio bolsillo, confiados en que el gobierno les reembolsaría el dinero, pero no fue así.
El 27 de diciembre de 2021 se publicó en el diario oficial La Gaceta el Decreto Legislativo 124-2021, donde se autorizó al Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa (GSSD) a efectuar la transferencia del primer trimestre del ejercicio fiscal 2022, con cargo al presupuesto.
Entre abril y mayo se suprimieron varias estructuras del gobierno anterior, afectando a la Fuerza Antimaras, y se ordenó liquidar varias entidades. El dinero de la FNAMP estuvo en su cuenta hasta que fue extraído por la Secretaría de Finanzas.
De acuerdo con la denuncia, el 25 de enero de 2022, el coronel Amílcar Hernández, en ese entonces director de la FNAMP, mediante oficio 079-2022, solicitó la transferencia de los fondos a la cuenta bancaria 11401-017807-0 a favor de las Fuerza Antimaras con el fin de cumplir con las responsabilidades financieras de febrero y marzo del 2022.
Un día después, se le notificó que el Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa transfirió los fondos para la operatividad de las unidades antiextorsión, correspondientes a los meses antes mencionados del ejercicio fiscal 2022, por un monto de 23.8 millones de lempiras.
El dinero se distribuyó así: L17 millones para la FNAMP; L2.5 millones para la Fuerza de Control de Centros Penitenciarios y L4.2 millones para la Fuerza de Seguridad y Transporte.
Cada fuerza tenía su propia cuenta bancaria. Los fondos de la FNAMP estuvieron en su cuenta 11401-017807-0 “hasta que fueron sacados por la Secretaría de Finanzas sin dar explicación alguna de por qué realizaban dicha acción y en contra de las leyes establecidas en ese momento que ordenaron el destino de dichos fondos”, dice una denuncia.
Retiro El 6 de abril de 2022, mediante Acuerdo No. 023-2022 del Decreto Ejecutivo PCM-052022, publicado en La Gaceta 35,892, se suprimieron las secretarías de Estado, programas, gabinetes especiales y gabinetes sectoriales, es decir los cinco gabinetes sectoriales establecidos en la administración anterior.
El 3 de mayo de 2022, mediante Acuerdo No. 74172022, Decreto Ejecutivo PCM11-2022, en los artículos 1, 4, 5, 6, 7 y 8, se estableció la creación de una Comisión Técnica Liquidadora, específicamente para regularizar la supresión de los gabinetes antes referidos.
Además, con el fin de continuar el normal desarrollo de los programas y proyectos ejecutados, se facultó a Finanzas realizar las operaciones presupuestarias para que los entes cuenten con el presupuesto destinado en la ejecución y no paralizar su funcionamiento.
Criticidad del manejo financiero
De acuerdo con la denuncia, en ese entonces, “la exministra de Finanzas, abogada Rixi Moncada ordenó al abogado Carlos Díaz, hasta ese momento liquidador de la FNAMP, a paralizar el papeleo (lo que se ha realizado hasta la fecha) para no ejecutar los pagos adeudados por el Estado en este caso, ya que ‘Mel’ (Manuel Zelaya Rosales) consideraba que estas fuerzas eran producto del trabajo de gobierno anterior”.
“Posteriormente, la Secretaría de Finanzas retiró los fondos existentes y ya depositados en el Banco de Occidente (No. 11-401017807-0), desconociéndose su paradero y desapareciendo dichos fondos entre las manos de los ya mencionados”, señala la denuncia.
La acusación es grave: ya que el retiro de fondos respondió más a una represalia política que a una reorganización presupuestaria legítima.
Si esto se confirma, implicaría un uso discrecional y opaco de recursos públicos, en perjuicio de una de las fuerzas encargadas de combatir la extorsión en el país.
Sin respuestas oficiales
Pese a los intentos de periodistas por obtener declaraciones de SEFIN y de los implicados, la oficina de relaciones públicas se ha mantenido inaccesible y el liquidador no ha respondido.
Este silencio institucional refuerza las dudas sobre el paradero del dinero y la legalidad de las decisiones tomadas.
En un país bajo estado de excepción por más de dos años, con resultados cuestionables en el combate a la criminalidad, la ausencia de rendición de cuentas no puede pasar desapercibida.
Las fuerzas de seguridad necesitan recursos y respaldo institucional, no obstáculos creados por indiferencia política o gestión negligente.
La democracia exige transparencia. Y la ciudadanía merece saber: ¿Dónde están esos L17 millones? ¿Y por qué aún no hay consecuencias?
