Este lunes, un jurado federal en Miami, Estados Unidos, declaró culpable de todos los cargos al empresario estadounidense Carl Alan Zaglin, por su participación en un esquema de sobornos a funcionarios hondureños para obtener contratos millonarios vinculados al fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional.
Según la Fiscalía estadounidense, Zaglin utilizó su empresa Atlanco LLC para adjudicarse contratos de provisión de uniformes y equipos tácticos para la Policía Nacional de Honduras en los años 2015 y 2016, mediante pagos ilegales disfrazados como comisiones y servicios.
El fiscal Peter Cooch afirmó que el empresario “prometió, pagó y autorizó sobornos” a funcionarios hondureños, incluyendo a los exdirectores del fideicomiso Francisco Cosenza y Juan Ramón Molina.
Durante el juicio, que se llevó a cabo en la Corte del Distrito Sur de Florida, el excoordinador de la Tasa de Seguridad, Juan Ramón Molina, testificó que recibió 114 mil dólares en pagos ilegales canalizados desde Estados Unidos hacia una sociedad bajo su control en Belice.
La Fiscalía presentó pruebas contundentes, incluyendo registros bancarios, correos electrónicos, facturas falsas y grabaciones de audio, que demostraron cómo Zaglin convirtió el soborno en una práctica sistemática de negocios.
Las investigaciones revelaron que Atlanco recibió más de 10 millones de dólares en contratos adjudicados sin licitación transparente. Los fondos públicos destinados a seguridad fueron desviados mediante una red de empresas fachadas y transferencias internacionales, afectando directamente la integridad del sistema de compras del Estado hondureño.
Además de Zaglin, otros implicados como Luis Berkman y Bryan Berkman, exejecutivos de Atlanco, admitieron haber fabricado documentos falsos y canalizado dinero hacia funcionarios hondureños. El caso también ha salpicado a figuras como el exministro de Seguridad Julián Pacheco Tinoco, mencionado en testimonios como posible receptor de sobornos.
La condena de Carl Zaglin representa un precedente importante en la lucha contra la corrupción internacional, y pone en evidencia los mecanismos por los cuales empresas extranjeras han influido en decisiones públicas en Honduras.
