La deuda pública hondureña aumentó en $3,272 millones durante los tres años y medio de la gestión de la presidenta Xiomara Castro.
El incremento incluye tanto la deuda de la administración central como la del sector público no financiero, con una creciente preocupación entre economistas sobre su repercusión en las finanzas del país.
Según datos de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), la deuda de la administración central pasó de $15,679 millones en 2021 a $17,251 millones en marzo de 2025.
Este aumento no contempla los compromisos adquiridos en el segundo trimestre de este año, incluidos nuevos empréstitos con organismos como el CAF, BID, BCIE y el Banco Mundial.
La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, Liliana Castillo, detalló que la deuda externa creció $730 millones, mientras que la deuda interna subió $842 millones en este período.
Por su parte, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) reporta una deuda de aproximadamente $1,700 millones más que en 2021, sin contar las obligaciones municipales.
Preocupaciones y advertencias
El economista Martín Barahona advirtió que los compromisos adquiridos dificultarán la planificación financiera en años futuros como 2026, 2027 y hasta 2030. A pesar de pagos anuales cercanos a los $2,000 millones, la deuda continúa incrementándose, estimando que podría alcanzar los $19,000 millones al final del mandato de Castro.
Ismael Zepeda, también economista, expresó que el uso de los recursos obtenidos por medio del endeudamiento aún no muestra impactos significativos en sectores como salud, educación o infraestructura productiva.
Aunque se han fortalecido áreas como energía, persiste la percepción de baja eficiencia en la ejecución presupuestal de proyectos productivos.
“El tema del endeudamiento es muy importante. Si la deuda sigue creciendo, absorbe más recursos del presupuesto nacional para el pago de intereses, comisiones y capital, lo que limita la ejecución de proyectos prioritarios”, concluyó Castillo.
Compras directas
Un foco de opacidad a este escenario se suma otro elemento polémico: el uso frecuente de compras directas por parte del gobierno actual. Aunque justificadas en algunos casos por “emergencias o agilidad administrativa”, estas compras evaden los procesos licitatorios abiertos, debilitando los mecanismos de transparencia y competencia.
Varias de estas adquisiciones han sido cuestionadas por sus elevados costos y falta de fiscalización. Desde medicamentos hasta equipo tecnológico, múltiples contratos han sido adjudicados sin concurso público, lo cual genera sospechas entre organismos independientes sobre posibles irregularidades, favoritismos y sobreprecios.
Riesgos hacia el futuro
Barahona advirtió que este modelo de gestión podría comprometer al próximo gobierno, que deberá enfrentar pagos anuales superiores a $2,000 millones en servicio de deuda, además de lidiar con las consecuencias de contrataciones poco supervisadas.
“El uso indiscriminado de deuda y compras directas compromete la planificación futura. La deuda puede llegar hasta los $19,000 millones en 2026 y dejar muy poco margen para inversión social y productiva real”, agregó.
Analistas coinciden en que el endeudamiento, si se canaliza eficientemente hacia inversión productiva, podría fortalecer sectores como energía e infraestructura.
Sin embargo, con baja ejecución presupuestaria, escaso acceso ciudadano a información clara y limitada fiscalización de compras directas, el panorama deja más preguntas que respuestas.
