Un juez en materia de criminalidad organizada dictó medidas distintas a la prisión preventiva para varios imputados acusados de participar en un presunto plan para asesinar al expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, y desestabilizar el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
La decisión ha generado controversia, dado el perfil del caso y la gravedad de los cargos.
Según el Ministerio Público, los acusados —identificados como Arcadio Corrales, Antonio David Kattan y Gerardo Galeano— enfrentan cargos por actos preparatorios punibles y asociación terrorista.
Las investigaciones señalan que los imputados habrían participado en la planificación de acciones violentas con el objetivo de atentar contra la vida del expresidente y coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Aunque inicialmente se esperaba que los acusados fueran enviados a prisión preventiva, el juez decidió aplicar medidas cautelares alternativas, como la prohibición de salir del país, presentación periódica ante los tribunales y restricción de acercamiento a determinadas zonas o personas.
Estas medidas han sido criticadas por sectores políticos y ciudadanos que consideran que el caso amerita mayor severidad.
Cabe destacar que en septiembre, el mismo juzgado había dictado prisión preventiva contra Gerardo Enrique Galeano, uno de los implicados, quien fue remitido al centro penal de Támara. La decisión actual parece marcar un giro en el tratamiento judicial del caso.
El supuesto plan para asesinar a Zelaya y derrocar al gobierno ha sido calificado por la Fiscalía como un acto de terrorismo. La revelación del caso se da en medio de un ambiente político tenso, marcado por denuncias de boicot electoral, sesiones legislativas paralelas y enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición.
El expresidente Zelaya no ha emitido declaraciones públicas sobre la decisión judicial, pero miembros del Partido Libre han exigido que se investigue a fondo y se garantice la seguridad de sus líderes.
La resolución judicial ha provocado reacciones divididas. Mientras algunos sectores defienden el principio de presunción de inocencia y el uso de medidas cautelares proporcionales, otros advierten que se está minimizando un caso que podría tener implicaciones graves para la estabilidad democrática del país.
Organizaciones de derechos humanos han pedido transparencia en el proceso y garantías de que no se politice la justicia. Por su parte, el Ministerio Público ha reiterado que continuará con las investigaciones y que se reserva el derecho de apelar la decisión.
