El diputado oficialista Ramón Barrios reconoció públicamente que “algunos empleados públicos” participarán en la marcha convocada por el Partido Libertad y Refundación (Libre) este sábado 30 de agosto en San Pedro Sula, Cortés.
Aunque negó que se les pague por asistir, su declaración ha reavivado el debate sobre el uso de recursos humanos del Estado en actividades partidarias, en un contexto de creciente polarización política.
Barrios afirmó que la movilización responde a la importancia estratégica del departamento de Cortés en el sistema electoral hondureño. “La alcaldía actual ha hecho retroceder 25 años a la ciudad”, dijo, justificando la presencia de Libre en la zona.
Al mismo tiempo, rechazó las acusaciones de debilitamiento del partido en el Valle de Sula y negó que se pague a militantes por asistir a la marcha.
Sin embargo, su admisión sobre la participación de empleados públicos —aunque presentada como voluntaria— ha generado inquietud sobre los límites entre lo cívico y lo institucional.
¿Acto cívico o presión institucional?
La participación de empleados públicos en actividades partidarias plantea serias interrogantes éticas y administrativas. Aunque Barrios insiste en que se trata de simpatizantes que asisten por convicción, en redes sociales han circulado denuncias sobre presuntas presiones internas, incentivos económicos y convocatorias obligatorias desde instituciones estatales.
Este tipo de prácticas, aunque no nuevas, erosionan la confianza ciudadana en la neutralidad del aparato estatal. Cuando funcionarios públicos —cuya labor debería estar al servicio de todos los hondureños— son movilizados en eventos partidarios, se difumina la línea entre Estado y partido, debilitando los principios democráticos de imparcialidad y equidad.
Tensión en el terreno
La marcha de Libre en San Pedro Sula ha generado reacciones encontradas. El alcalde Roberto Contreras denunció posibles actos de vandalismo y calificó al partido como “un cadáver político”. En respuesta, Barrios acusó al edil de incitar al odio contra la candidata oficialista, Rixi Moncada.
Mientras tanto, la ciudad se prepara para una jornada de movilización con cierre de calles, suspensión de labores municipales y presencia policial reforzada. La confrontación verbal entre autoridades locales y dirigentes de Libre anticipa un ambiente cargado, donde cualquier incidente podría escalar rápidamente.
