La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció este lunes que su país está investigando el pago que narcoterroristas realizan a funcionarios de gobierno y agentes del orden para que habiliten el puente aéreo que utiliza el Cártel de los Soles de Venezuela para trasladar su droga a Estados Unidos y para el cual usa el espacio de Honduras, Guatemala y México.
Durante una rueda de prensa en la sede del Departamento de Justicia, Bondi afirmó que su país está investigando los llamados “puentes aéreos” utilizados por narcotraficantes para mover cargamentos desde Venezuela y otros países de la región. Según la fiscal:
“Pagan a funcionarios del gobierno, pagan a la gente. Pagan a agentes del orden en sus países para que ignoren eso y los dejen volar sin ser detectados. Estamos investigando todo eso. Lo estamos investigando en varios países”.
Bondi explicó que el término “puente aéreo” se refiere al uso sistemático de rutas aéreas clandestinas para el tráfico de estupefacientes, y que estas operaciones involucran sobornos y corrupción institucional en los países de tránsito.
Alcance regional y actores implicados
La investigación se centra en el uso del espacio aéreo de Honduras, Guatemala y México como parte de una ruta transnacional que inicia en Venezuela.
Según Bondi, el Cártel de los Soles —organización que Estados Unidos considera narcoterrorista— estaría detrás de estas operaciones, con vínculos directos al presidente venezolano Nicolás Maduro.
La Casa Blanca ha elevado recientemente la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro de 25 a 50 millones de dólares.
Washington sostiene que Maduro lidera una red criminal que incluye tráfico de drogas, lavado de dinero y corrupción política.
Conexión con el caso Zambada
La fiscal hizo estas declaraciones en el marco de la audiencia de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa, quien se declaró culpable de narcotráfico y lavado de dinero en Nueva York.
Bondi aprovechó el momento para subrayar que la lucha contra el narcotráfico no se limita a México, sino que se extiende a toda la región.
Las acusaciones han generado reacciones diversas. En Honduras, la Cancillería rechazó categóricamente las declaraciones de Bondi, asegurando que el país libra una “ofensiva histórica contra el crimen transnacional” y que mantiene operaciones conjuntas con EE.UU. para interceptar aeronaves sospechosas.
Por su parte, el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, negó que la instalación de nuevos radares en el Caribe esté relacionada con las denuncias de Bondi, afirmando que se trata de una estrategia nacional previamente planificada.
La investigación anunciada por Estados Unidos pone en evidencia la complejidad del narcotráfico en América Latina, donde las rutas aéreas clandestinas se han convertido en arterias del crimen organizado.
Más allá de las acusaciones, el desafío está en fortalecer la cooperación regional, garantizar la transparencia institucional y evitar que la lucha contra el narcotráfico se convierta en un instrumento de presión geopolítica.
Si se confirman los vínculos entre funcionarios y redes criminales, el impacto será profundo: no solo en términos judiciales, sino también en la credibilidad de los Estados involucrados. Porque la soberanía no se defiende con discursos, sino con integridad.
