La credibilidad de los sistemas electorales vuelve a estar bajo escrutinio internacional tras las acusaciones presentadas por fiscales estadounidenses contra Roger Piñate, fundador de la empresa tecnológica electoral Smartmatic.
Según documentos judiciales de la Corte del Distrito Sur de Florida, Piñate habría sobornado en 2019 a Tibisay Lucena Ramírez, entonces presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, mediante la entrega de una residencia en Caracas.
La acusación detalla que Piñate transfirió a Lucena una casa de clase media alta con piscina, propiedad de una corporación extranjera bajo su control.
El supuesto soborno habría sido entregado a cambio de gestiones ante el Gobierno venezolano, en medio de tensiones surgidas tras el conteo electoral de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017.
Smartmatic había denunciado una discrepancia de un millón de votos entre los resultados reales y los proclamados por el chavismo, lo que provocó su salida del país en 2018.
Corrupción con alcance global
El caso contra Piñate forma parte de una investigación más amplia que incluye a otros presuntos cómplices: Jorge Miguel Vásquez (EE.UU.), Elie Moreno (EE.UU.-Israel) y Juan Andrés Donato (Filipinas). Todos están acusados de participar en un esquema de sobornos para obtener contratos electorales en Filipinas en 2016.
La acusación contra Lucena Ramírez refuerza la narrativa de que la corrupción electoral no es solo un problema nacional, sino una red transnacional que involucra actores privados y funcionarios públicos.
Este caso pone en entredicho la integridad de las empresas que operan en procesos democráticos.
¿Cómo puede garantizarse la transparencia electoral si los proveedores tecnológicos están dispuestos a pagar sobornos para asegurar contratos? La implicación de una exfuncionaria de alto rango como Lucena Ramírez, quien presidió el CNE por más de una década, agrava la percepción de que las instituciones electorales pueden ser manipuladas desde dentro.
Además, el hecho de que Smartmatic haya demandado a la cadena Fox por difamación en EE.UU. por vincularla con el supuesto fraude electoral de 2020, mientras enfrenta acusaciones de corrupción en otros países, plantea una paradoja: ¿defiende su reputación en un país mientras enfrenta cargos por prácticas corruptas en otros?
La tecnología electoral debe ser una herramienta para fortalecer la democracia, no para facilitar el acceso a contratos mediante favores políticos.
Este caso exige una revisión profunda de los mecanismos de contratación, supervisión y rendición de cuentas en los procesos electorales, especialmente cuando empresas privadas tienen acceso directo a los sistemas que definen el rumbo político de las naciones.
