El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado luz verde a las redadas de inmigración en lugares previamente considerados “protegidos” como escuelas, iglesias y hospitales.
Esta medida marca un cambio significativo en la política de inmigración, ya que anteriormente se requería la aprobación de supervisores para realizar arrestos en estos lugares.
La administración de Trump ha argumentado que esta acción es necesaria para llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos.
La política anterior, implementada en 2011, permitía a los inmigrantes indocumentados moverse libremente en ciertos espacios públicos, beneficiando tanto a ellos como a la comunidad en general.
Sin embargo, la nueva administración ha decidido rescindir esta política para aumentar la autoridad de ICE y acelerar los arrestos de inmigrantes en todo el país.
Esta decisión ha generado críticas por parte de líderes religiosos y defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes argumentan que la medida podría tener consecuencias negativas para la salud pública y la seguridad de la comunidad.
A pesar de las críticas, la administración de Trump sigue adelante con su plan de reforzar la seguridad en la frontera y llevar a cabo deportaciones masivas.
El gobierno de Biden emitió en 2021 las directrices que limitaban la aplicación de las leyes de migración cerca de lo que denominaban zonas protegidas, sustituyendo normas de aplicación similares de 2011 y 2013.
Escuelas, hospitales e iglesias de todo el país han expresado su preocupación por la iniciativa de deportación masiva de Trump, y algunos están elaborando sus propios planes de respuesta.
La medida se anuncia al día siguiente de la investidura del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien prometió el endurecimiento de la política migratoria.
