Opinión por el experto Juan Carlos Degrandez.
Cada día trae una nueva cortina de humo en la escena pública hondureña: episodios calculados que captan la atención mediática y desvían el foco de lo esencial. Cuando se piensa que ya no pueden superar su propio ridículo, aparecen nuevas payasadas que alimentan la sensación de espectáculo; sin embargo, no todo puede reducirse a una broma.
Las distracciones cotidianas funcionan como herramienta; mientras el público discute lo inmediato, se abren espacios para impulsar decisiones de mayor impacto para beneficiar al narco régimen zelayista, que erosionan paso a paso la arquitectura institucional del país.
La maniobra es sencilla y eficaz: banalizar la crisis, entretener con escándalos y anécdotas, y al mismo tiempo avanzar en proyectos estructurales cuya discusión pública queda fragmentada.
El resultado es un país sometido a sobresaltos permanentes, donde la gestión pública pierde sus ritmos normales y la atención ciudadana se desgasta.
El circo continúa mientras existan quienes les aplaudan a los payasos; y cada ovación facilita que ciertas intenciones —políticas o legislativas— sigan su curso sin el escrutinio necesario.
A esta estrategia se suman acciones administrativas y políticos que preocupan a distintos sectores. Renuncias de funcionarios, aunque en ocasiones lleguen tarde, son interpretadas como signos de desgaste interno; salidas de oficinas y ceses en cargos claves confirman la existencia de tensiones y fracturas en el aparato estatal.
Las Fuerzas Armadas y la Policía tampoco han estado al margen: la remoción de oficiales que se han opuesto a determinadas prácticas, genera alarma sobre la independencia y la neutralidad de estas instituciones, pilares esenciales para la estabilidad democrática.
No menos inquietante para la opinión pública son las denuncias que señalan la existencia de casos con evidencias y declaraciones que, según críticos, no han derivado en la actuación efectiva de las autoridades encargadas de la investigación.
Esa percepción —la de una justicia que no responde con la celeridad ni la imparcialidad esperadas— alimenta la desconfianza y refuerza la impresión de que la transparencia institucional está en retroceso.
En paralelo, algunos actores han empezado a hablar abiertamente de reformas profundas, incluyendo la posibilidad de convocar mecanismos extraordinarios de decisión como una Asamblea Constituyente. Para sus promotores, se trata de una respuesta estructural a la crisis; para sus detractores, es el riesgo de reconfigurar poder y reglas en un contexto donde la transparencia y el consenso se perciben debilitados.
La repetición de cortinas de humo, sostienen analistas, puede servir a la vez para distraer y para allanar el terreno a iniciativas de gran alcance.
El intento de condicionar o impedir marchas y manifestaciones convocadas por comunidades religiosas o civiles ha añadido otra capa de tensión. Líderes religiosos y organizaciones han denunciado presiones y obstáculos para la libre expresión de sus demandas; muchos recuerdan que, en campaña, se proclamó que “la voz de Dios es la del pueblo”, y subrayan que precisamente esa voz —la de la ciudadanía organizada— no debe ser silenciada ni coartada.
Los llamados a impedir movilizaciones solo han reforzado la respuesta de amplios sectores que consideran la libertad de reunión y la libertad religiosa como derechos innegociables.
En este contexto convulso, la polarización progresa mientras la apatía y la fatiga cívica amenazan la participación.
Recuperar el cauce democrático, coinciden observadores, exige medidas claras: calendarizar y proteger los procesos electorales, garantizar la independencia judicial y transparentar las investigaciones de alto perfil, así como respetar y proteger el derecho a la protesta y la libertad religiosa. Sin esas condiciones, la tensión seguirá siendo la norma y las soluciones serán siempre parciales.
Honduras vive, en suma, una encrucijada. Las cortinas de humo pueden distraer y divertir por un rato, pero no resuelven el eje del problema: la necesidad de instituciones fuertes, mecanismos de rendición de cuentas y un diálogo nacional que permita construir consensos duraderos.
Mientras tanto, el espectáculo continúa; y la responsabilidad de quienes gobiernan y de quienes votan es no confundir la distracción con la democracia.
