El Comité de Defensa de Bienes Comunes de Tocoa presentó una propuesta concreta al Mecanismo Nacional de Protección para resguardar la vida de los defensores del ambiente.
El reciente asesinato de Juan López, ambientalista en Tocoa, Colón, ha colocado nuevamente en el foco la responsabilidad del Estado hondureño por no cumplir con las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La comunidad afectada, representada por el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Públicos y Comunidades de Tocoa, manifiestan que, a pesar de haber solicitado la implementación de un mecanismo de protección efectivo, el Estado no actuó.
“Sin ninguna duda, aquí el Estado de Honduras tiene una responsabilidad clara”, afirma Joaquín Mejía, abogado especialista en Derechos Humanos.
Las medidas cautelares emitidas por la CIDH no se implementaron, lo que resultó en la trágica muerte de Juan López que estaba bajo protección internacional.
El Ministerio Público ha comenzado a tomar declaraciones en las últimas horas para obtener información sobre el asesinato del defensor del medioambiente Juan Antonio López, ocurrido el 14 de septiembre en Tocoa, Colón.
“Se ha procedido a tomar declaración a todas las personas que son de interés para el Ministerio Público, con las cuales los fiscales consideran necesario conocer su testimonio para esclarecer este caso”, declaró el portavoz Yuri Mora.
Asimismo, el fiscal general de la República, Johel Zelaya, se pronunció sobre la muerte del ambientalista y regidor de Tocoa, Colón, Juan López.
“Somos hombre y si él sacerdote Carlos Orellana tiene pruebas sobre el asesinato de Juan López que las aporte”, mencionó
El fiscal Zelaya concluyó con que “No nos vamos a dejar llevar por redes sociales ni discursos, vamos a investigar y vamos a llegar al verdadero criminal”
