Un juez de la Corte Suprema de Justicia dicto medidas contra seis exfuncionarios gubernamentales implicados en el caso Pandora II, por lo que estos no irán a prisión y la audiencia inicial en la causa se llevará a cabo el 10 de enero de 2024.
Hondumedios. En la audiencia de declaración de imputado se detalló sobre la participación de altos exfuncionarios en una red de corrupción que involucra desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras.
Entre los primeros implicados en enfrentar la justicia y que se defenderán sin ir a prisión figuran el expresidente Porfirio Lobo Sosa y el extitular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, acusados de fraude.
También figuran en la lista el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo del Bienestar Agrícola (Banadesa), Jorge Johny Handal Hawit; los exgerentes administrativos de Sefín, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina, así como el director de presupuesto de Sefin, Roberto Alonso Zúniga Barahona, acusados de violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
Tras la audiencia de declaración de imputado, Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, explicó que tras la audiencia de esta tarde los implicados en el Caso Pandora II fueron objeto de la prohibición de salir del país, salvo dos de ellos por temas de salud debidamente justificados.
Además, deberán firmar en los juzgados de Tegucigalpa, así como también pagar una caución de seis millones de lempiras, sea esta en efectivo o en hipotecas.
Según la investigación de la Uferco, estos exfuncionarios habrían formado una red de corrupción entre los años 2010 y 2013. La trama se centró en la ampliación y aprobación de desembolsos de fondos públicos que superaron los 288 millones de lempiras.
Estos fondos fueron autorizados a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista desde instancias como el Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y Banadesa.
Por otro lado, el comunicado destaca que el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, actualmente procesado en Estados Unidos por delitos de crimen organizado, se benefició directamente de estos desembolsos.
Al exmandataio se le acusa de recibir al menos 62 millones de lempiras para financiar su campaña política mediante artimañas como la creación de empresas ficticias, prestanombres y contratos inexistentes. Estos fondos se canalizaron a través de movimientos como “Azules Unidos” y “Amigos de JOH”, así como a la sociedad mercantil “La Cachureca” y a sus gerentes de campaña departamentales.
