La administración de la presidenta Xiomara Castro enfrenta una grave denuncia por parte del exministro de Salud, Manuel Matheu, quien reveló un desfase presupuestario de más de 5 mil 205 millones de lempiras (200 millones de dólares) en la construcción de 12 hospitales públicos.
Esta acusación no solo pone en entredicho la transparencia del proyecto, sino que también expone una preocupante falta de planificación y control en el uso de fondos públicos.
Matheu explicó que la iniciativa de construir los hospitales no formaba parte del programa de gobierno de Libre, sino que fue impulsada desde su gestión en la Secretaría de Salud.
Inicialmente, el proyecto contaba con financiamiento del gobierno de España por 79.2 millones de dólares, pero la administración de Castro decidió suspender ese apoyo y asumir el costo con fondos nacionales, trasladando la ejecución a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
Lo que siguió fue una escalada de costos sin justificación técnica clara: Bajo el exministro Mauricio Ramos, el presupuesto subió a 126.7 millones de dólares.
Con la llegada de Octavio Pineda a la SIT, el monto se disparó a 279.2 millones de dólares, triplicando el costo inicial.
Uno de los puntos más críticos señalados por Matheu es el sobredimensionamiento de las obras. Aunque el área de construcción pasó de 26 mil a 69 mil metros cuadrados, el número de camas hospitalarias se mantuvo igual, entre 36 y 150 por centro.
Esto sugiere que el aumento de costos no se traduce en mayor capacidad hospitalaria, sino en una expansión física que podría responder a intereses ajenos a la eficiencia del sistema de salud.
El desfase de 200 millones de dólares en un país con déficits crónicos en salud, educación y seguridad es alarmante. La decisión de desechar el financiamiento internacional y asumir el gasto con fondos nacionales sin una auditoría pública ni rendición de cuentas clara levanta serias sospechas sobre la gestión del proyecto.
“No se puede justificar un aumento de esta magnitud sin que haya una mejora proporcional en los servicios que se ofrecerán. Es un despilfarro que el pueblo hondureño no puede permitirse”, expresó Matheu en el programa Frente a Frente.
Esta denuncia exige una respuesta inmediata del gobierno. La ciudadanía merece saber:
¿Por qué se abandonó el financiamiento español? ¿Quién autorizó los aumentos presupuestarios? ¿Qué empresa está ejecutando las obras? ¿Dónde están los estudios técnicos que justifican el sobredimensionamiento?
La falta de respuestas solo alimenta la percepción de que la administración de Xiomara Castro está fallando en su promesa de gobernar con transparencia y justicia social.
En un país donde cada lempira cuenta, este desfase millonario es más que una cifra: es una afrenta al pueblo hondureño.
