Mario Molina, titular de la Dipampco, reveló que 60 estructuras criminales se dedican al cobro de extorsiones, mientras que Wilmer Cálix, dirigente del transporte, informó que hasta la fecha se han pagado al menos 450 millones de lempiras en extorsiones.
“Hay unas 60 estructuras criminales, tenemos identificado las cabecillas, sabemos quiénes son los financieros y extorsionadores”, declaró el funcionario policial a periodistas.
El comisionado general de la Dipampco calculó que de las 60 estructuras criminales, 40 han sido perjudicadas con las operaciones, decomisándoles 10 millones de lempiras, bienes y congelándole el dinero.
Molina detalló que en el presente año han capturado a más de dos mil 400 personas por delitos de extorsión, narcomenudeo, tráfico de armas y venta de droga, de los cuales, 80 % han sido sentenciados.
Sobre la denuncia de transportistas que siguen pagando extorsión, el comisionado general respondió que este rubro solo va a quejarse ante los medios de comunicación, pero nunca interponen la denuncia ante Dipampco. Mientras no haya una denuncia oficial no podemos decir nada, excusó Molina.
Consultado por la quema de taxis por supuesta extorsión en los municipios de La Lima y La Ceiba, contestó que uno ocurrió por desperfectos mecánicos, y el otro mantiene dudas por la versión que brindó el taxista.
Extorsión y economía del transporte
El dirigente del transporte Jorge Lanza, destacó el impacto económico de la extorsión. Las constantes erogaciones diarias, incluyendo multas de la alcaldía y del Instituto del Transporte, sumadas a la extorsión, han llevado a muchos transportistas a la bancarrota.
Lanza mencionó que algunas rutas interurbanas y mototaxis están pagando hasta 12,000 lempiras por unidad semanal.
De tal modo, Lanza destacó que el problema de la extorsión ha crecido tanto que ahora es difícil de controlar y afirmó que aunque la mayoría de los policías “son buenas personas”, no cuentan con las herramientas necesarias para combatir este flagelo.
Las autoridades necesitan recursos adecuados y un endurecimiento de las penas para hacer frente a la extorsión.
