El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, General Héctor Benjamín Valerio Ardón logra detener momentáneamente la intentona continuista del actual gobierno que pretende anular la declaratoria de las elecciones generales y desconocer el proceso para perpetuarse en el poder.
Hoy el jefe castrense está nuevamente convocado a reunión con Xiomara Castro quien reiterará su petición en el sentido que las FFAA entreguen el material y desconozcan la declaratoria y de negarse podría ser destituido del cargo.
En un consejo de ministros encabezado por la presidenta Xiomara Castro, se intentó presionar directamente al alto mando militar para que entregara el material electoral bajo custodia y ejecutara decisiones políticas emanadas desde el Congreso Nacional.
La respuesta de Valerio fue tajante: “no”. Con ello trazó una línea roja y reafirmó que las Fuerzas Armadas solo obedecerán lo que dicta la Constitución y el Consejo Nacional Electoral (CNE), cerrando la puerta a órdenes consideradas ilegales provenientes de Manuel Zelaya, Xiomara Castro y Luis Redondo.
Este gesto no es menor: en la historia reciente de Honduras, las Fuerzas Armadas han sido actores clave en momentos de crisis institucional. La negativa de Valerio representa un contrapeso frente a la tentación de manipular el proceso electoral y perpetuarse en el poder.
El CNE declaró presidente electo a Nasry ‘Tito’ Asfura el 24 de diciembre de 2025, tras un escrutinio lento y cuestionado, pero finalmente certificado. Sin embargo, el Congreso Nacional, dominado por Libre, aprobó un decreto para realizar un recuento “voto por voto” de más de 19.000 actas, excluyendo a diputados opositores y generando denuncias de ilegalidad.
Fuente de entero crédito confirmaron Hondumedioshn, que la presidenta Castro ha insistido en que las Fuerzas Armadas entreguen las urnas y desconozcan la declaratoria oficial. De no acceder, trascendió que el general Valerio podría ser destituido junto a la recién juramentada Junta de Comandantes, para ser reemplazados por oficiales dispuestos a ejecutar las órdenes del Ejecutivo.
El rechazo del general Valerio marca un límite claro: las Fuerzas Armadas no obedecerán órdenes políticas que contravengan la Constitución ni las resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El intento de revertir los resultados ha provocado alarma fuera de Honduras. El Gobierno de Estados Unidos advirtió de “severas consecuencias” ante cualquier acción que desconozca la voluntad popular: “Las voces de 3,8 millones de hondureños han hablado y el CNE ha certificado los resultados”, señaló el Departamento de Estado.
En respuesta, Castro acusó al presidente estadounidense Donald Trump de haber influido negativamente en el proceso democrático al expresar su apoyo a Asfura, e invitó a un “diálogo directo y franco”.
La insistencia en un nuevo conteo, pese a la oficialización de los resultados, refleja una estrategia política que erosiona la institucionalidad y genera incertidumbre en la ciudadanía. La exclusión de diputados opositores en el Parlamento, la aprobación de decretos por una minoría y la presión del Ejecutivo sobre el CNE son síntomas de un deterioro democrático que coloca al país en una encrucijada crítica.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se encuentra ahora en el epicentro de la controversia. Su reto es demostrar independencia y apego a la Constitución, equilibrando el respeto a la voluntad popular con la defensa del orden jurídico.
Según a trascendido en los últimos días, el verdadero trasfondo de la intentona continuista del gobierno de Libre revela una peligrosa deriva autoritaria: impedir la alternancia democrática para prolongar su mandato por dos años más y abrir paso a una asamblea nacional constituyente.
Esta maniobra no solo erosiona la legitimidad del sistema electoral, sino que expone un cálculo político orientado a blindar judicialmente a integrantes del partido y al círculo cercano de los Zelaya Castro frente a eventuales procesos de extradición.
En lugar de respetar la voluntad popular expresada en las urnas, se pretende manipular las instituciones para garantizar impunidad y perpetuarse en el poder, colocando a Honduras en el umbral de una crisis institucional que amenaza con socavar la confianza ciudadana y aislar al país en el plano internacional.
El pulso entre el gobierno de Libre y las Fuerzas Armadas expone la fragilidad institucional de Honduras. La negativa del General Valerio es un recordatorio de que la alternancia en el poder es un principio democrático irrenunciable.
Sin embargo, la amenaza de destitución y la posibilidad de juramentar una nueva cúpula militar obediente al Ejecutivo muestran que la crisis está lejos de resolverse.
El desenlace dependerá de la capacidad de las instituciones —CNE, CSJ y Fuerzas Armadas— de resistir presiones políticas y garantizar que la voluntad expresada en las urnas prevalezca sobre cualquier intento de manipulación.
Honduras enfrenta un momento definitorio: consolidar la democracia o abrir la puerta a un proyecto continuista que pondría en riesgo la legitimidad del Estado de derecho.
