En medio de la polémica generada por las declaraciones de la fiscal estadounidense Pam Bondi, quien denunció el uso del espacio aéreo hondureño para el trasiego de drogas, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández Aguilar, reconoció públicamente que Honduras no cuenta con radares activos para combatir el narcotráfico aéreo, una admisión que pone en entredicho la capacidad real del país para controlar su soberanía territorial.
“Cuando un fiscal habla es porque tiene información fidedigna”, expresó el general, en una declaración que, lejos de desmentir la denuncia, refuerza la preocupación internacional sobre la vulnerabilidad del espacio aéreo hondureño.
Aunque aseguró que existe coordinación con agencias aliadas como Estados Unidos y Colombia, también admitió que los radares adquiridos anteriormente no funcionaban al momento de ser recibidos, y que actualmente solo se cuenta con uno orientado al Golfo de Fonseca, sin cobertura nacional efectiva.
La contradicción entre el discurso oficial de “control total” y la realidad operativa de equipamiento obsoleto o inexistente evidencia una grave debilidad institucional.
Mientras se afirma que las Fuerzas Armadas tienen capacidad de respuesta inmediata ante alertas aéreas o marítimas, el propio jefe militar reconoce que la detección depende de terceros, lo que plantea serias dudas sobre la autonomía del país en la lucha contra el crimen organizado.
Además, Hernández Aguilar reveló que Honduras está desarrollando un radar nacional que será probado en la costa atlántica en las próximas semanas, lo que sugiere que hasta ahora no se ha contado con tecnología propia funcional para enfrentar el narcotráfico aéreo, uno de los principales desafíos de seguridad en la región.
La crítica se intensifica al considerar que, en lo que va del año, solo se ha registrado la caída de una avioneta con presunta carga ilícita en Ahuas, Gracias a Dios, localizada 24 horas después de recibir la alerta. Este dato, lejos de ser tranquilizador, refleja la limitada capacidad de reacción y monitoreo en un país que históricamente ha sido utilizado como corredor de droga.
