Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) presentaron este jueves ante el Ministerio Público (MP) una solicitud preparatoria con el propósito de interponer una querella contra la consejera del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, a quien acusan de la comisión de los delitos de injurias y calumnias.
La institución castrense argumentó que las declaraciones de la consejera, emitidas el miércoles ante medios de comunicación, son “irresponsables” y atentan contra la dignidad, el prestigio y el honor de las Fuerzas Armadas y sus representantes.
López afirmó que las FFAA habrían solicitado información a la empresa encargada de instalar el sistema GPS en las maletas electorales, con el fin de conocer la ubicación de los equipos.
Según el escrito presentado, las Fuerzas Armadas consideran que tales manifestaciones carecen de veracidad y fundamento, y que buscan generar desestabilización dentro de la institución, además de incitar al odio y al desprecio público hacia la misma.
Solicitudes al Ministerio Público
En su petición, las FFAA solicitaron al MP que se tome declaración a la consejera López, acompañada de la documentación que respalde sus afirmaciones. En caso de que no existan pruebas, se entregue una copia de las diligencias realizadas.
Una vez constatada la falta de sustento de las declaraciones, se reserve el derecho de presentar formalmente una querella en los tribunales de justicia.
La institución citó el artículo 407 del Código Procesal Penal, el cual faculta al Ministerio Público a realizar investigaciones previas con el fin de preparar la interposición de una querella.
El señalamiento de López se da en medio de la preparación logística para los próximos procesos electorales, donde las maletas electorales contarán con dispositivos GPS para garantizar su rastreo y seguridad.
Las Fuerzas Armadas, responsables de la custodia y traslado de dicho material, rechazaron categóricamente haber solicitado información adicional a la empresa proveedora.
Con esta acción, las FFAA buscan que el Ministerio Público esclarezca las declaraciones de la consejera y determine si existe sustento legal para las acusaciones, o si estas constituyen un acto de difamación contra la institución.
