El Fiscal General Johel Antonio Zelaya confirmó este viernes que recibió el informe de auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre el escandaloso caso del “cheque video”, que involucra el uso de fondos públicos para fines partidarios por parte de la diputada Isis Cuéllar y el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona.
Aunque Zelaya instruyó a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) a incorporar el informe a las investigaciones, el proceso sigue sin requerimientos fiscales ni consecuencias legales para los implicados.
El informe del TSC recomienda evaluar el contenido del video filtrado, donde Cuéllar y Cardona acuerdan el uso de recursos estatales para campañas políticas en Copán.
El Fiscal General asegura que hay “avances”, pero no especifica cuáles, ni se han presentado requerimientos fiscales.
Cardona renunció a su cargo, pero Cuéllar continúa como diputada y vicepresidenta del Congreso Nacional, incluso promoviendo su reelección en redes sociales.
Este caso expone una preocupante normalización del uso político de fondos públicos. La filtración del video no solo reveló una conversación comprometedora, sino que desnudó el vacío institucional que permite que figuras señaladas mantengan sus cargos y aspiraciones intactas.
La suspensión interna de Cuéllar en Libre parece más un gesto simbólico que una sanción efectiva.
La recepción del informe por parte del Fiscal General debería marcar un punto de inflexión, pero hasta ahora, el proceso judicial parece estancado en declaraciones y gestos administrativos.
La falta de requerimientos fiscales, la ausencia de citaciones formales y la continuidad política de los implicados refuerzan la percepción de que la justicia en Honduras sigue siendo selectiva y tardía.
