En medio de una creciente crisis de credibilidad institucional y a solo cuatro meses de las elecciones generales, el Fiscal General de la República, Johel Zelaya, ofreció declaraciones públicas que han generado más preguntas que respuestas.
Aunque aseguró que el Ministerio Público no cederá a presiones políticas, evitó ofrecer detalles sobre investigaciones clave que involucran a figuras del partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre), incluyendo al cuñado de la presidenta Xiomara Castro, Carlos Zelaya.
Consultado por los llamados “narcovideos” —grabaciones que presuntamente muestran a Carlos Zelaya y otros actores políticos negociando con narcotraficantes para financiar campañas electorales—, el fiscal fue tajante manifestó: “Voy a limitarme a hablar de los narcovideos mientras las investigaciones no estén terminadas”
También se negó a precisar cuántas denuncias existen contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, limitándose a decir que “todas están abiertas y en investigación”.
Zelaya insistió en que su administración no aceptará presiones “de ningún sector” y que “al Ministerio Público nadie lo va a sorprender, ni con apariencia de legalidad lo que es ilegal, ni con apariencia de ilegalidad lo que es legal”.
Las declaraciones del Fiscal General, aunque revestidas de firmeza institucional, dejan un sabor amargo.
Su negativa a ofrecer información concreta sobre casos de alto perfil que involucran a funcionarios del partido de gobierno puede interpretarse como una forma de evasión estratégica. En un país donde la justicia ha sido históricamente selectiva, el silencio también puede ser una forma de complicidad.
El discurso de independencia institucional pierde fuerza cuando se aplica con doble rasero. Mientras algunos casos avanzan con celeridad, otros —como los que involucran a figuras cercanas al poder— parecen estancarse en una eterna “fase de investigación”. La ciudadanía tiene derecho a saber si las instituciones están actuando con imparcialidad o si están siendo utilizadas como escudos políticos.
Además, la advertencia del fiscal de que no aceptará presiones, aunque necesaria, parece más una defensa preventiva que una garantía de transparencia. En un contexto donde el Ministerio Público ha sido señalado por su pasividad frente a escándalos como el de Sedesol, los narcovideos y las denuncias electorales, la falta de resultados concretos alimenta la desconfianza.
La justicia no solo debe ser independiente, también debe parecerlo. Y para lograrlo, necesita hablar con hechos, no con evasivas. Si el Ministerio Público quiere recuperar la confianza ciudadana, debe actuar con transparencia, sin importar a quién salpique la verdad.
