A nueve meses de haber iniciado el presente ciclo político en Honduras, la abogada y representante del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, señaló a través de su cuenta oficial en X que la dinámica institucional del país ha llegado a un punto de inflexión decisivo. A través de una serie de publicaciones, indicó que los ajustes en el gabinete ministerial y las tensiones en el Poder Legislativo no deben interpretarse como simples reacomodos gubernamentales, sino como decisiones cuyos alcances definen la dirección de la administración pública.
Castellanos enfatizó que las medidas orientadas a la seguridad, la modernización del aparato público y el fortalecimiento institucional responden a demandas urgentes de la sociedad hondureña. Asimismo, subrayó que la paz social y el combate a la impunidad son obligaciones ineludibles del Estado y no méritos anticipados de ninguna gestión, advirtiendo que la firmeza en el discurso político jamás debe sustituir a una planificación rigurosa ni justificar la improvisación de soluciones.
En su mensaje, el CNA hizo hincapié en que el principal desafío del Poder Ejecutivo consiste en transformar las decisiones coyunturales en reformas profundas con visión de Estado.
Para lograrlo, la abogada recalcó que es indispensable propiciar un diálogo democrático transparente, sincero e inclusivo con los diversos sectores de la sociedad, incluyendo a partidos políticos, empresa privada, academia, iglesias y organizaciones de la sociedad civil.
La titular del CNA también apuntó que la eficacia gubernamental no se mide por la cantidad de anuncios públicos o por la constante rotación de funcionarios, sino por la capacidad real de resolver problemas ciudadanos y rendir cuentas. En este sentido, recordó que la estabilidad política no equivale a la ausencia de cuestionamientos ni puede utilizarse como coartada para debilitar los mecanismos de control y transparencia que exige el Estado de derecho.
Finalmente, Gabriela Castellanos concluyó que la confianza ciudadana se construye estrictamente con resultados y no mediante discursos o herencias políticas. Recordó que las instituciones del Estado no son patrimonio de quienes las dirigen de manera temporal, por lo que la conducción pública de Honduras no debe subordinarse nunca a intereses coyunturales o cálculos de gobernabilidad a corto plazo.
