La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, lanzó fuertes críticas este lunes contra la prórroga del estado de excepción parcial que se extiende durante las elecciones generales, calificando la medida como una limitación a los derechos fundamentales y una amenaza a la democracia.
A través de su cuenta en la red social X, Castellanos advirtió que pretender celebrar una “fiesta democrática” bajo un régimen que restringe garantías constitucionales es una contradicción.
“Es como llamar libertad al silencio forzado, participación al miedo y soberanía a la obediencia de una chanfaina jurídica”, expresó.
La directora del CNA lamentó que la justificación de la “familia real”, en referencia a la familia presidencial, para extender el estado de excepción siga siendo la misma: combatir la extorsión, los homicidios y el narcotráfico.
Sin embargo, aseguró que la medida ha servido más como instrumento político para mostrar fuerza que para resolver las causas estructurales de la violencia.
Castellanos subrayó que el estado de excepción ha neutralizado reclamos sociales en lugar de desarticular estructuras criminales, debilitando a la ciudadanía y no al crimen organizado.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos han coincidido en advertir que “no puede haber democracia si se gobierna con suspensión de garantías”, recordó la funcionaria.
En su mensaje, señaló que el estado de excepción es “la máscara perfecta de este socialismo periférico”, utilizado para domesticar a los pobres y no para liberar pueblos. Alertó además que bajo estas medidas las élites políticas aseguran su dominio mientras los sectores vulnerables sufren abusos policiales sin mejoras reales en sus condiciones de vida.
Castellanos enfatizó que la violencia se combate con justicia social, la extorsión se reduce con empleo digno, y el narcotráfico se enfrenta con políticas redistributivas, no con operativos mediáticos ni con decretos interminables.
“Llamar elecciones libres a un proceso celebrado bajo estado de excepción es una farsa de manual”, reprochó.
Finalmente, sostuvo que Honduras no necesita más prórrogas de excepcionalidad, sino un Estado capaz de garantizar derechos sin suspenderlos, un sistema político que no confunda control con gobernabilidad y un gobierno que entienda que la seguridad es una obligación, no una coartada.
